Los proyectos de jubilaciones y discapacidad en pausa: ¿qué significa para Milei?

La Cámara de Diputados recibió este miércoles del Senado los proyectos sobre el aumento en jubilaciones y emergencia en discapacidad que sancionó el Senado el jueves pasado para que se efectúe la firma previa al envío al Ejecutivo. Una vez que llegue en manos del presidente Javier Milei, serán vetados.

"Será en el transcurso del día, pero al ser varios puede incluso tardar más", informaron desde la Cámara que preside Martín Menem, quien demorará su firma para antes revisar que los tres no hayan sufrido alteraciones en el recinto y se respete el texto aprobado originalmente en Diputados.

Las fuentes consultadas por El Cronista alegaron que se trata de un procedimiento parlamentario necesario, especialmente considerando el tratamiento irregular que se le dio en el Senado. "Son proyectos complejos, hay que ver si quedó todo igual", justificaron.

De hecho, parte del debate reglamentario que se dio el jueves en la Cámara alta no solamente tuvo que ver con la "autoconvocatoria" de la sesión, que le colgó a la vicepresidente Victoria Villarruel el cartel de "traidora" por presidirla, sino que también por los cuestionamientos que se dieron por la irregularidad de la firma de los dictámenes de los proyectos. A este último planteo sí se sumó la vice, quien pidió mayoría especial para ratificar los dictámenes.

También fueron remitidos, el martes a última hora, los proyectos vinculados a los cambios en la distribución de la coparticipación, que cuentan con el respaldo de los gobernadores. Estos todavía requieren de ser tratados en Diputados, y mientras que en Casa Rosada orquestan una reunión con los mandatarios provinciales, la oposición ya planea una embestida para fines de julio.

Los próximos vetos de Milei

Los ya anunciados vetos presidenciales contemplan: por un lado, el aumento del 7,2% a los jubilados y pensionados, la actualización del bono de $70.000 a $100.000 -que, a su vez, fija un aumento por IPC para siempre- y el flujo de transferencias de las Cajas Previsionales de las provincias; también la restitución de la moratoria previsional vencida en marzo por dos años; y, por último, la declaración de emergencia en discapacidad.

Milei allí tiene tres opciones: promulgarlos, vetarlos parcialmente o vetarlos totalmente. Será la última, en todos los casos, según anunció él en reiteradas ocaciones.

De esta manera, y tal como anticipó El Cronista, todo indica que el Congreso deberá decidir sobre la insistencia o no de los proyectos en pleno cierre de listas nacionales en el mes de agosto. Esto dependerá de cuándo se concrete el envío desde el Congreso, puesto que es desde ese momento que empieza a correr el reloj de los 10 días hábiles que dispone la Constitución para que el Ejecutivo se pronuncie. El objetivo del Gobierno es ganar todo el tiempo posible.

La oposición asoma un escenario desafiante para poder imponerse sobre el rechazo de Milei, que tiene como principal espada cuidar el equilibrio fiscal, ya que el diálogo del Gobierno Nacional con los mandatarios provinciales y los aliados que conformarán alianzas electorales será decisivo.

Deberán reclutar dos tercios en ambas Cámaras para insistir sobre los proyectos. Si bien en el Senado sobran, en Diputados el oficialismo es optimista en conseguir los "héroes" para el blindaje. De los 87 del año pasado, en esta oportunidad muchos se dieron vuelta en la votación que aprobó los proyectos. Sin embargo, en Balcarce 50 están tranquilos porque las cuentas le dan que con menos podrán bloquear a la oposición atrincherada.

El punto está en las ausencias, que le desajusta el cinturón para llegar al número mágico del tercio más uno, y también en las abstenciones, las cuales abundaron en aquella sesión de junio y tendrán la llave para que se reduzcan la cantidad de votos positivos.

De todos modos, antes de llegar a esa instancia, los vetos deberán volver a pasar por las comisiones que lo dictaminaron y eso puede ser una vía de escape para aplazar la definición, dado que a priori todos deberán contar con las firmas de Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert, la cual últimamente deben emplazar en el pleno para reunirla.

El reclamo por el bloqueo de esa comisión incluso llevó a que se presenten pedidos para remover a Espert de la presidencia, aunque en vano, y los opositores ya preparan una sesión en breve para volver a incomodar al Gobierno con sus propuestas. En carpeta tienen además los dictámenes de Financiamiento Universitario y emergencia en pediatría (por la problemática del Hospital Garrahan).

El plan es incluir también los proyectos de coparticipación, que cuentan con el respaldo de todos los gobernadores, para asegurarse el quórum. Estos proyectos modifican la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles: también consiguieron la aprobación del Senado por amplia mayoría el jueves pasado y fueron remitidos a la Cámara de Diputados.

Dentro de las posibilidades, se baraja una sesión a fines de julio o a principios de agosto. En el Gobierno esperan que el receso parlamentario extraoficial que se suele dar en las últimas semanas de este mes ayude también a aplazar esa eventual sesión, así como también orquestan que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, asista a la Cámara baja el 6 de agosto o en esas primeras semanas para brindar otro informe de gestión, según pudo saber El Cronista. Esto ayudaría a copar la agenda semanal.

De todos modos, todas las maniobras lo único que conseguirán es postergar lo inevitable. El veto está justificado para Milei en términos de que alteran las cuentas públicas y, además, presionan en ese sentido para la campaña electoral. "Lo de ayer es lo mejor que pudo haber pasado. La casta política NO VA A CAMBIAR nunca. Lo que necesita el país es que cada vez más gente se dé cuenta. Votaciones como la de ayer, son pruebas contundentes que confirman esto. El equilibrio fiscal NO SE NEGOCIA", agitó el ministro de Economía, Luis Caputo, en X.

En ese sentido, además, los libertarios comenzaron a difundir que los proyectos no solo implican un gasto fiscal sin financiamiento suficiente sino que además se cola un artículo para modificar el régimen fiscal de las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR). Se trata de una de las exenciones impositivas que se eliminan para financiar los aumentos a las jubilaciones, y las Bolsas de Comercio difundieron un comunicado en repudio de esta medida alertando sobre el "golpe directo" que implica para el desarrollo productivo argentino.

El debate reglamentario sobre la sesión del Senado y el argumento del costo fiscal -las fuentes de financiamiento que se expresan en el proyecto solo cubrirían el 15% del gasto, según difunden desde el oficialismo- serán parte de las fundamentaciones de los vetos que se vienen en las próximas semanas. En la Casa Rosada apelan al Principio de Revelación y no ven un costo político para el Gobierno en este sentido: queda por ver si los diputados y los gobernadores están dispuestos a pagarlo, ya sea a favor o en contra.