El Gobierno Nacional anunció que enviará al Senado un proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental, sancionada en 2010.
La propuesta, según sostuvieron, apunta a mejorar la respuesta del sistema sanitario ante situaciones que, bajo la ley actual, no encuentran “suficiente amparo”. Además, se busca superar las dificultades que aparecen en su implementación.
El anuncio lo hizo el jefe de Gabinete Manuel Adorni, aunque todavía resta conocer los detalles del proyecto oficial que enviará el Gobierno al Congreso. En este contexto, en base a la información a la que accedió El Cronista, hay una serie de puntos clave que modificarán la norma original.
Ley de Salud Mental: los principales puntos que busca cambiar el Gobierno
“En conjunto, las modificaciones propuestas apuntan a dotar al sistema de mayor capacidad de respuesta, mejorar la articulación entre dispositivos de atención y garantizar intervenciones más oportunas y efectivas frente a situaciones de riesgo en salud mental", indicaron desde el Ejecutivo.
Así, el nuevo proyecto que espera el Congreso planteará modificaciones en la Ley N° 26.657. Entre las principales, se incluye:
1. Implementación uniforme en las provincias del país
Actualmente, solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente a la Ley de Salud Mental, mientras que 18 provincias cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas de internación, lo que genera desigualdades en el acceso a la atención.
2. Cambio de terminología
Se planteará abandonar la terminología ambigua para adoptar estándares internacionales de precisión clínica, como reemplazar el término “padecimiento mental“.
3. Redefinición de criterio de riesgo
Redefine el criterio de riesgo, focalizándolo en “situaciones de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”. Se suma evaluación del contexto y antecedentes para permitir intervenciones preventivas.
4. La internación seguirá siendo excepcional
Se podrá indicar en urgencias, con ratificación interdisciplinaria en 24 horas y notificación judicial en el mismo plazo. El alta voluntaria se revisará según la capacidad del paciente.
Se propone, además, extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial.
5. Cambios en el financiamiento
En lugar de desfinanciar o clausurar las 30 instituciones públicas y 139 privadas que hoy funcionan en el país, el Gobierno plantea que estas convivan con los servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios y residencias asistidas.
Para esto, el proyecto se apoya en el fortalecimiento de los sistemas de información RESAM y REFES.
6. Integración del sector privado
Con al menos 139 instituciones monovalentes privadas en todo el país, el proyecto busca que estos establecimientos se incorporen a la red federal de emergencias mediante beneficios fiscales o convenios de prestación.
7. Mayor participación del Ministerio
El proyecto amplía la participación técnica del Ministerio de Salud en el órgano de revisión para fortalecer la supervisión y control.