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Un nuevo fallo judicial volvió a mover el tablero en la disputa por la reforma laboral y le otorgó al Gobierno nacional un respaldo clave en uno de los puntos más sensibles del expediente, el de la competencia.
La resolución a la que tuvo acceso El Cronista sostiene que el ámbito adecuado para analizar la validez de la ley es el fuero contencioso administrativo federal, y no la Justicia laboral, como había impulsado la Confederación General del Trabajo.
La decisión fue tomada por la Sala IV de la Cámara Contencioso-Administrativo, que hizo lugar a lo pedido por la procuración, tratando de que sean esos los tribunales en los que se trate la demanda.
Sin embargo, si la Cámara en lo Laboral decidiera que la causa debiera seguir en su fuero, será la Corte Suprema de Justicia la que deba dirimir.
El tribunal laboral que debe definir qué hacer es el mismo que días atrás definió la suspensión de la cautelar que impedía la aplicación de la Ley. Los jueces fueron recusados por la CGT y podrían tomar dos vías: tratar de sostener el expediente (y dejar la decisión en manos de la Corte) o cederlo al Contencioso y así salir de escena.
En caso de llegar a la Corte, el trámite no debiera ser extenso. Es de esperar que haya una resolución rápida y que los jueces no se expidan sobre la cautelar que, al día de hoy, está desactivada.
Qué dice el fallo
La decisión se centra en la naturaleza de la norma cuestionada y en el tipo de conflicto planteado. Según el criterio judicial, no se trata de un litigio individual o colectivo propio del derecho del trabajo, sino de una impugnación a una ley dictada por el Congreso, lo que encuadra el caso dentro de las materias que deben ser tratadas en el fuero que entiende en los actos del Estado.
En esa línea, el fallo remarca que la discusión gira en torno a la constitucionalidad y validez de disposiciones de alcance general, y no sobre la aplicación concreta de derechos laborales en una relación específica. Ese encuadre es el que, para los magistrados, justifica el desplazamiento hacia el contencioso administrativo.
Además, se pone el acento en que permitir que este tipo de planteos se resuelvan en el fuero laboral podría generar una fragmentación de criterios y decisiones contradictorias, dada la multiplicidad de juzgados con competencia en la materia. En cambio, centralizar el análisis en el fuero contencioso permitiría, según esa visión, un tratamiento más uniforme de la cuestión.
El pronunciamiento no resuelve el fondo del conflicto —es decir, si la reforma es o no constitucional—, pero sí define un aspecto estratégico que condiciona todo el proceso: dónde se va a dar la batalla judicial.
Un punto clave para el Gobierno
La definición sobre la competencia era uno de los objetivos centrales de la estrategia oficial desde el inicio del conflicto. El Gobierno había cuestionado que la CGT acudiera al fuero laboral y había planteado formalmente que el expediente debía tramitar en el contencioso administrativo.
El argumento de la Casa Rosada se apoyaba en que la reforma laboral es una ley sancionada por el Congreso, de carácter general, y que por lo tanto su validez debe ser analizada en el ámbito que tradicionalmente revisa la legalidad de los actos estatales.
Con este fallo, esa posición gana terreno y le otorga al Ejecutivo una ventaja en el desarrollo futuro del caso, no solo por el cambio de tribunal, sino también por el tipo de análisis jurídico que predomina en ese fuero.
El antecedente inmediato
La resolución se produce pocos días después de otro movimiento relevante en el expediente. La Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo había otorgado efecto suspensivo a la apelación del Estado y dejó sin efecto, de manera provisoria, la cautelar que había frenado más de 80 artículos de la ley.
Ese fallo implicó que la reforma laboral volviera a estar vigente mientras se discute la cuestión de fondo, lo que fue celebrado por el Gobierno como un triunfo importante.
Ahora, con la discusión sobre la competencia inclinándose hacia el contencioso, el escenario judicial se reconfigura nuevamente.
La reacción sindical
Para la CGT, que había logrado un primer éxito con la cautelar que suspendió la aplicación de la reforma, el nuevo escenario representa un desafío adicional.
El corrimiento hacia el fuero contencioso implica perder un terreno donde había encontrado receptividad inicial y obliga a la central obrera a redefinir su estrategia judicial en un ámbito distinto.
De hecho, en paralelo, el sindicalismo viene avanzando con nuevas presentaciones para cuestionar las decisiones recientes de la Cámara laboral, lo que anticipa que el conflicto seguirá escalando.