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El viernes pasado el Gobierno nacional consiguió la aprobación de la reforma laboral gracias a la colaboración de sectores clave como los gobernadores y el radicalismo. En este sentido, la Confederación General del Trabajo (CGT) arrancó hoy su lucha judicial contra la ley sancionada por el Ejecutivo.
“Es falso que la sanción de esta ley de Reforma Laboral persiga el aumento del empleo y la puesta en blanco de trabajadores informales”, afirmaron desde la conducción de Cristian Jerónimo y Jorge Sola. De esta manera, comienza el texto donde la conducción sindical arrancó con su plan para frenar los puntos que más preocupan a los gremios.
Sola y Jerónimo ya habían adelantado que, para contrarrestar la reforma laboral, el camino sería el judicial. Esta decisión va en contra de los gremios más duros, como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y los Aceiteros, quienes piden combatir la medida en las calles.
“Sabemos bien que no es disminuyendo derechos de las y los trabajadores ni retrotrayendo el marco legal a épocas cercanas a la servidumbre o a la esclavitud, como se mejora este proceso”, afirmaron desde la central sindical.
Para los sindicalistas, los problemas de desempleo, precarización y deterioro de la situación social no son producto de las leyes del universo laboral, sino que son consecuencias directas de la falta de crecimiento y de inversión productiva en las macro y micros políticas económicas nacionales.
En este sentido, ratificaron que la Confederación General del Trabajo llevará adelante una presentación judicial porque esta ley de reforma significa “una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales”.
“Sobre todo el principio de progresividad (o no regresividad) y el principio protectorio del derecho del trabajo regresividad) y el principio protectorio del derecho del trabajo, ambos con fundamentos constitucionales e internacionales”, aseveraron.
La CGT denuncia la reforma laboral en la Justicia: qué es el principio de progresividad y el protectorio
El principio de Progresividad o no regresión de los derechos impide adoptar medidas injustificadas que supongan un retroceso en los derechos laborales adquiridos.
En segundo lugar, el principio Protectorio se basa en la desigualdad estructural entre empleador y trabajador, que busca restituir la equivalencia y evitar abusos sobre la protección de la parte débil que es la del trabajador.
“Aquí se afecta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en derechos como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a la huelga, a la negociación colectiva, a la libre agremiación, la libertad sindical, la seguridad social, entre otros ítems”, aseguraron desde la CGT.
Además, recordaron que la reforma admite jornadas de trabajo de hasta 12 horas, fin de las horas extras y, en consecuencia, reducción del salario. También habilita a eliminar sanciones a los empleadores que no pagaron aportes y trasgredieron la ley, así como disponer que las indemnizaciones por despidos se paguen en cuotas y se hagan a través del FAL (Fondo de Asistencia Laboral), costeando los despidos con aportes de los propios trabajadores, “desfinanciando la Seguridad Social y convalidando una brutal transferencia de recursos públicos hacia administradores privados particulares”.
Tampoco reconoce las nuevas formas de trabajo, ni las nuevas modalidades tecnológicas que intervienen, acusan desde la central sindical. Asimismo, ponen el foco en la reducción de los aportes a las Obras Sociales, porque alegan que daña la cobertura y el financiamiento del sistema de salud y la afectación el derecho efectivo al descanso, fraccionando las vacaciones.
Finalmente, otros puntos que preocupan a la central sindical son la habilitación de convenios por empresa, recortes a la libertad sindical, limitación del derecho a huelga y el acceso a la justicia laboral.
“Todos estos perjuicios, entre otros, no son efectos colaterales de una decisión aislada, sino que resultan consistentes con la implementación del programa económico-social que lleva adelante el gobierno nacional”, sostuvieron.
Para la CGT, la situación del mercado del Trabajo es grave bajo el régimen de Javier Milei. Consignan que “11 de las 14 ramas de actividades que representan a la totalidad de trabajadores del sector privado presentaron datos negativos en estos dos años de gestión”, recordaron.
Sumando a asalariados y no asalariados, en los primeros dos años de este gobierno se perdieron más de 300.000 empleos, enumeran. Esto trajo un aumento de la desocupación, cierre de empresas, pérdida de poder adquisitivo, caída de la inversión interna y de la actividad.
“La CGT, coherente con su compromiso doctrinario, asume su responsabilidad histórica resistiendo y rechazando por todos los medios a su alcance esta reforma, como lo hemos hecho con 12 movilizaciones multitudinarias y con 4 paros (que ocasionalmente permitieron corregir y suspender los efectos negativos derivados de la ley ómnibus del DNU 70/2023)”, afirmaron.
Por último, recordaron que “la CGT no gobierna ni gobernó” y tampoco “definió la estrategia electoral que condujo a la derrota política en las presidenciales del 2023, no participó del armado de las listas legislativas, no conduce el Estado, ni las políticas económicas ni la macroeconomía”.
“Por todo esto, es preciso poner en valor a las organizaciones sindicales y a las y los dirigentes que componen la CGT, que es la única instancia que ha quedado en Argentina, a la fecha, con capacidad de movilización y de respuesta, amparando los derechos colectivos e individuales en los Convenios Colectivos de Trabajo y defendiendo el salario de la pérdida de su poder adquisitivo”, concluyeron.