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El Gobierno presentó esta madrugada una respuesta ante el tribunal de Nueva York que maneja el caso de los beneficiarios del fallo YPF, rechazando dos pedidos clave relacionados con las reservas de oro del BCRA y el pedido de comparescencia del ministro de Economía, Luis Caputo.
La presentación, que fue dada a conocer por el especialista Sebastián Maril, CEO de Latam Advisor, desestimó los dos requerimientos de los demandantes que habían solicitado a la jueza Loretta Preska que ordenara al país elaborar una declaración jurada detallando la ubicación exacta y el uso del oro, además de exigir que el titular del Palacio de Hacienda declare al respecto.
La estrategia defensiva del país se sustenta en un argumento jurídico fundamental: el oro custodiado en las bóvedas del BCRA pertenece exclusivamente a esta entidad y no forma parte del patrimonio del Tesoro Nacional. Esta distinción cobra relevancia crucial en el contexto del litigio, ya que el Gobierno sostiene que la independencia institucional del Banco Central impide que el Poder Ejecutivo acceda libremente a información sobre la gestión y localización de estos activos.
Esta postura busca establecer un cortafuego legal entre las obligaciones del Estado Nacional y los recursos que administra autónomamente la autoridad monetaria.
Sin embargo, la respuesta oficial no cierra completamente las puertas al pedido de los litigantes. El Ejecutivo informó al tribunal que cursarán formalmente una solicitud al Banco Central requiriendo la información sobre las reservas de oro.
Este movimiento representa un equilibrio delicado: por un lado, el Gobierno mantiene su argumento sobre la autonomía del BCRA y su imposibilidad de ordenar unilateralmente la entrega de datos; por otro, demuestra disposición colaborativa al canalizar institucionalmente el requerimiento judicial. Esta decisión evita un desacato directo a Preska mientras preserva la estructura legal que protege los activos del BCRA de embargos directos.
El rechazo a la comparecencia de Caputo añade otra capa de complejidad al caso. Los demandantes buscaban interrogar directamente al funcionario responsable de la política económica sobre el manejo de las reservas en oro. Al negar este pedido, el Gobierno evita exponer a su principal autoridad económica a un interrogatorio que podría generar declaraciones comprometedoras o revelar estrategias de gestión de activos que prefiere mantener confidenciales.
“El BCRA nunca ha sido parte del proceso de discovery y nada tiene que ver con la demanda”
Una larga batalla
Este episodio se inscribe en la larga batalla legal que mantienen los tenedores de bonos afectados por la expropiación de YPF en 2012. Tras obtener un fallo favorable por más de u$s 16.000 millones, estos acreedores han desplegado una estrategia agresiva de descubrimiento de activos argentinos alrededor del mundo, buscando satisfacer sus créditos.
Ante la consulta de El Cronista, desde la Procuración explicaron que el BCRA “nunca ha sido parte del proceso de discovery y nada tiene que ver con la demanda”.
“No hay ninguna jurisdicción de los tribunales de Nueva York sobre esto”, continuaron. Y agregaron: “Además las reservas del BCRA tienen inmunidad y no están sujetas a ejecución en los Estados Unidos, en la Argentina”.
Las reservas de oro del BCRA, valuadas en miles de millones de dólares, representan uno de los activos más valiosos y líquidos del sistema financiero argentino, lo que explica el particular interés de los demandantes.