El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) y líder del Encuentro Republicano Federal, Miguel Ángel Pichetto, mostró un matiz importante en Juntos por el Cambio. El ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri sostuvo que "veo que va a ser muy complejo y difícil en lo que es materia de jurisprudencia cerrar el esquema probatorio en orden de la asociación ilícita".
Pichetto agregó que la de asociación ilícita "es una figura muy compleja y difícil de acreditar". A diferencia del fiscal Diego Luciani, Pichetto no ve "elementos contundentes que puedan cerrar la figura". Por el contrario, explicó que "no es concebible que un Gobierno se constituya para delinquir. Puede haber actos delictivos, pero que el Gobierno sea una organización delictiva desde el primer día me parece mucho".
En diálogo con El Cronista, amplió su mirada sobre la causa llamada de Obras Públicas en contra de Cristina Kirchner.
Usted rechaza la tendencia a judicializar la política bajo la hipótesis de que el presidente es responsable de todo lo que pase por debajo de su figura. ¿Es una deformación del sistema judicial?
Absolutamente. Es así, no es concebible el tratamiento de un gobierno surgido del voto popular como asociación ilícita y que, como tal, sea un objetivo judicial. Ese tratamiento ni siquiera es certero desde la perspectiva del Código Penal, tanto en relación a la Cámara como en la posición que puede tomar la Corte, según el artículo 210. En el caso de la venta de armas durante el gobierno de Menem, la Corte estableció un fallo meduloso, centrado en el artículo 210.
¿Cuándo considera que la justicia se volvió un terreno de disputa política?
Cuando existió mayor gravitación en los medios de comunicación, cuando lo demandado al Ejecutivo fue de una mayor transparencia, a partir de la mirada social sobre la irregularidad que campeaba en algunos actos de gobierno. Pero extender toda la responsabilidad de cada accionar al ejercicio de la presidencia es temerario e irregular. Todo presidente terminaría con 100 causas judiciales. Hay personas que apenas se ocupan de leer el diario y van a Comodoro Py.
Pero hay compañeros y conocidos suyos en Comodoro Py que fueron parte de esa avanzada.
Yo nunca lo hice ni lo compartí, nunca hice política judicial. Eso atenta contra la institucionalización. Respeto al Poder Judicial. Participé del debate sobre la reforma al Consejo de la Magistratura. Esa fue una ley con consenso, surgió de la flor y nata del mundo parlamentario y así se logró la ley.
¿Considera que Menem y Cristina Kirchner fueron las principales víctimas de ese esquema de judicialización?
También Macri que debe tener más de 100 causas. También es cierto que la justicia en Argentina se aplica a los derrotados. No es para ofender a nadie en particular.
¿Se aplicó con más intensidad sobre exfuncionarios de Cristina Kirchner?
Ciertamente entonces hubo una intensidad en el procesamiento y en la prisión preventiva que no se ajustaban a derecho. Porque hasta se aplicaba a una persona que estaba en el país, concurría a los tribunales cuando la citaban. No se justificaba la prisión preventiva. Operaba como pena anticipada. Funciona así, como fruto de la presión mediática y como el camino más corto. Algo que después termina en frustración, en un fracaso peor incluso para el sistema judicial. Hay que acelerar el proceso de juicios y determinar si hay responsabilidad o no, en lugar de tomar como atajo el de las prisiones por presiones.
¿Considera que no cualquier juez o fiscal debería investigar al presidente?
No lo expondría a instancias de justicia ordinaria durante su mandato, sino cualquier juez o fiscal de primera instancia lo pone en un brete. Es una cuestión a debatir. Sobre determinados hechos pueden existir procesos. Los franceses y americanos cuidan a sus presidentes. Es cierto que hay más controles y mecanismos de cuidado, pero definir a un gobierno como potencial culpable, no resulta consistente ni coherente. Pueden registrarse hechos a juzgar en acciones de un gobierno pero no por eso el presidente se tiene que hacer cargo. El derecho penal se desenvuelve sobre la acción de la persona en un evento doloso. Acá la responsabilidad recae sobre quien la llevó a cabo, no sobre el presidente como cabeza de un gobierno.