El Foro de Periodistas Argentinos (FOPEA) dio a conocer un pronunciamiento sobre la cobertura del caso Nisman, en la que expresa su preocupación por las condiciones en que se está desarrollando la misma y en el que rechaza puntualmente las presiones a los periodistas, luego de lo sucedido con Damian Patcher, del Buenos Aires Herald, quien dio la primicia de la muerte dle fiscal y debió pedir refugio en Israel.

En ese marco, pide especialmente “que se extremen las medidas de protección individual que el Estado (en sus tres poderes) debe proporcionar a los colegas asignados al caso, quienes vienen soportando una sobrecarga y una sobreexposición en su tarea profesional”.

“Dichas acciones oficiales deben estar en consonancia con las recomendaciones de los organismos internacionales especializados, que mencionamos a continuación, agrega antes de recordar la vigencia de un comunicado del 5 de este mes en el que ya la entidad reclamaba “la democratización de la Secretaría de Inteligencia” como “una deuda pendiente de la democracia para con los ciudadanos argentinos”.

FOPEA apuntó en cuanto a las medidas de seguridad indispensables que “es de vital importancia la preservación y resguardo de los datos personales, tal como lo expresara en su segunda sesión plenaria de junio de 2014, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos”. Y resaltó que fue “violatorio del ámbito de privacidad que se haya revelado la trayectoria del viaje del colega Damián Pachter a Uruguay, información surgida de Aerolíneas Argentinas y que se difundió a través de Télam y las cuentas oficiales en Twitter, tanto de la agencia de noticias como de la Casa Rosada”.

La entidad recordó que en el punto 7 de la resolución 2842 sobre Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la OEA resolvió “reafirmar la importancia de proteger los datos personales y de respetar el derecho a la privacidad, según el cual nadie debe ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, así como el derecho de toda persona a la protección de la ley contra esas injerencias, de acuerdo con lo establecido en la declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.