En la Argentina, conocer el patrimonio de los funcionarios públicos es un derecho ciudadano y una herramienta clave para el control democrático. A través de las declaraciones juradas patrimoniales, cualquier persona puede acceder a información detallada sobre los bienes, ingresos y deudas de quienes ocupan cargos en los tres poderes del Estado. Estos documentos permiten detectar posibles enriquecimientos ilícitos, conflictos de interés o inconsistencias entre el nivel de vida y los ingresos declarados. En ese contexto, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, apuntó en los últimos días contra el presidente Javier Milei: "Vos aumentaste tu patrimonio un 500% en el último año y le bajaste los impuestos a los ricos. Espero que a nosotros no nos sigas ajustando", escribió. La última declaración jurada que presentó el mandatario corresponde a 2023, el año en el que mayormente ejerció como diputado nacional y tal como lo dice Aguiar, su patrimonio pasó de 21 millones de pesos a 125 millones de pesos. Sin embargo, esa cifra quedó desactualizada por la inflación de casi un año y medio, además de que en esas presentaciones solo se contempla el valor fiscal y no de mercado de la mayoría de los bienes. En el caso de Karina Milei, durante 2023 tuvo menos de un mes en la función pública al frente de la Secretaría General de la Presidencia y de acuerdo a la declaración jurada a la que accedió El Cronista comenzó el año con poco más de 2 millones de pesos y finalizó con 3 millones y medio de pesos. La fecha límite para la presentación de las declaraciones juradas de 2024 es el próximo 31 de julio y por el momento, ninguno de los dos la realizó ante el organismo. Quien sí ya la realizó fue la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, que declaró un patrimonio de $ 60.159.721,82 al comienzo de 2024, y $ 96.059.423,99 al término del mismo año. También lo hizo el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, con un patrimonio inicial al 2024 de $ 12.242.817.159,25, y $ 18.089.261.439,08 al finalizar el año. Gerardo Werthein, ministro de Relaciones Exteriores, tiene realizada una primera presentación de 2024 que marca cómo inició el período cuando aún era embajador en Estados Unidos y detalla un patrimonio de $ 85.553.932.433. Lo mismo sucedió con Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, que solo tiene realizada la presentación inicial de 2024 con un patrimonio de $ 1.770.393.342,31. Mario Lugones, ministro de Salud, declaró al inicio de 2024 $ 63.168.444,01, aunque todavía resta conocer cómo finalizó el período. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, cumplió con la obligación de manera completa y declaró $ 60.700.542,63 al inicio del año, contra $ 188.341.118,24 en su finalización. Hasta el momento no habían sido realizadas las presentaciones de Guillermo Francos, jefe de Gabinete; Luis Caputo, ministro de Economía y Luis Petri, ministro de Seguridad. Las declaraciones juradas son obligatorias para todos los funcionarios públicos nacionales. Están reguladas por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (N.º 25.188), sancionada en 1999, y deben presentarse anualmente ante la Oficina Anticorrupción (OA), dependiente del Ministerio de Justicia. La normativa alcanza a funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y abarca desde el presidente hasta asesores y directores de organismos descentralizados. El mecanismo es relativamente sencillo: una vez presentada la declaración, la OA publica una versión pública del documento en su sitio web oficial (https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion). Allí se pueden consultar los datos de años anteriores o solicitar el acceso a nuevas presentaciones, completando un formulario digital con nombre, apellido y DNI del funcionario que se quiere consultar. El contenido de la declaración incluye información sobre bienes inmuebles y muebles registrables, cuentas bancarias, acciones, inversiones, ingresos anuales y deudas. En algunos casos también se detallan bienes del cónyuge o conviviente, aunque protegidos parcialmente por la Ley de Protección de Datos Personales. Para resguardar la privacidad y seguridad, la versión pública omite datos sensibles como direcciones exactas, patentes de autos o números de cuentas bancarias. En la práctica, los ciudadanos pueden realizar búsquedas directas si conocen el nombre completo del funcionario. La OA también audita, clasifica y monitorea las declaraciones para detectar irregularidades. En años anteriores, la propia oficina derivó casos sospechosos a la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito o falsedad en las presentaciones. Sin embargo, la capacidad de fiscalización es limitada y muchas veces depende de denuncias o investigaciones externas. Además del canal de la OA, otros organismos también exigen y publican declaraciones juradas. Es el caso del Consejo de la Magistratura (en el ámbito judicial) o la Agencia de Acceso a la Información Pública, que actúa como garante del derecho a la información. En provincias y municipios, el acceso varía: algunas jurisdicciones replican el modelo nacional y permiten consultas online, mientras que otras mantienen restricciones o exigen trámites más engorrosos.