Durante los últimos veinte años, el empleo público en la Argentina fue creciendo hasta convertirse en uno de los grandes protagonistas -para algunos, un “monstruo”- del debate económico y político.
Sin embargo, la historia reciente muestra un recorrido menos lineal: expansión sostenida en los primeros años, estabilización prolongada y recién en 2024 una señal de leve retroceso, todavía previa al ajuste más profundo que trajo la era Milei.
Según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, entre 2004 y 2024 el empleo en el Sector Público Nacional no Financiero aumentó un 61,2%, pasando de 511.000 cargos a 824.000 en 2024. Es decir, más de 300.000 puestos adicionales en dos décadas.
El salto más importante se dio en la primera parte del período. Hasta 2015, la dotación estatal alcanzó su máximo de la serie, impulsada sobre todo por la expansión de la Administración Pública Nacional, que llegó a crecer más de 40% en esos años. Desde entonces, el empleo público se mantuvo en niveles elevados, con una meseta prolongada hasta 2024.
En paralelo, el peso del empleo estatal sobre la población también se consolidó. Para 2024, la Argentina tenía unos 17 empleados públicos nacionales cada mil habitantes. En relación con la Población Económicamente Activa, representaban el 5,7%.
Pero el “monstruo” no fue homogéneo. Dentro del Estado, hubo ganadores claros. Las universidades nacionales fueron uno de los sectores con mayor expansión: crecieron 78% desde 2004, pasando de 177.000 cargos a 316.000 en 2024. La masificación del sistema universitario público explica buena parte de ese aumento.
También se expandieron con fuerza las empresas públicas y sociedades del Estado, que crecieron más de 250% en el período, aunque en 2024 mostraron una caída marcada.
En cambio, el Poder Ejecutivo Nacional —el núcleo más visible del “Estado central”— tuvo un recorrido diferente: subió hasta mediados de la década pasada, luego mostró caídas y recuperaciones, y terminó 2024 con una dotación algo menor al máximo histórico.
El otro dato relevante es que el crecimiento del empleo no siempre implicó un aumento equivalente del gasto. De hecho, el gasto en remuneraciones como porcentaje del PIB alcanzó su máximo en 2015 (4% del PIB) y luego inició un descenso sostenido, hasta ubicarse en 3,2% en 2024. Es decir, el Estado mantuvo su plantilla, pero el salario público perdió peso relativo en la economía.
En 2024 aparece una primera señal de ajuste: la dotación total cayó respecto de 2023, que había sido el pico máximo de empleo público. Pero el informe advierte que este corte todavía no refleja el impacto pleno de la “motosierra” aplicada desde diciembre de ese año con la llegada de Javier Milei. El 2025 —cuando el recorte se profundizó— aún no está medido.