Mientras que la Casa Rosada se concentra en afilar los cierres de alianzas electorales para las nacionales de octubre, la Secretaría de Legal y Técnica ultima los detalles de los vetos del presidente Javier Milei a los proyectos sancionados sobre jubilaciones y la emergencia en discapacidad y el Gobierno se encarga de asegurarse los votos para blindarlos.
Según fuentes de Balcarce 50, los tres vetos esperarán "hasta último minuto" para ser publicados. Los diez días hábiles que la Constitución le otorga al Jefe de Estado para que se pronuncie culminan el próximo lunes 4 de agosto, aunque también podrían figurar el martes a las 00 en el Boletín Oficial con la firma del lunes.
Los puntos centrales sobre los que trabaja la Secretaría que comanda María Ibarzábal Murphy son los argumentos, puesto que en el Gobierno ya advirtieron que de no conseguir sostener los vetos acudirán a la Justicia.
Hay varias cuestiones que advirtieron los libertarios: principalmente, que los proyectos no contempla cobertura de financiamiento y eso iría contra la ley de Administración Financiera, pero también los traspiés reglamentarios que surgieron durante el procedimiento parlamentario.
El punto es si la acusación de "invalidez" de la sesión, por caso, formará parte de la justificación del veto.
Nuevo interbloque en la previa de los vetos
Sin embargo, en el Gobierno confían en que tendrán los votos para blindarlos, especialmente a lo que refiere al aumento en las jubilaciones y la restitución de la moratoria. El primer punto, además, contempla un artículo para mover el flujo a las Cajas Previsionales de las provincias que adeudan con Nación, de especial interés de los gobernadores -puntualmente Córdoba- y de alto impacto en el gasto público.
La bandera del equilibrio fiscal para ambos casos estará al pie del cañón entre los aliados de los libertarios, dentro de los que se contempla el PRO y los radicales de Liga del Interior (los famosos "peluca), especialmente después del anuncio de la baja de las retenciones -que necesariamente depende de que el Gobierno mantenga el superávit-.
Estos últimos, por caso, esta tarde oficializaron que integrarán un interbloque con LLA. Lo llamativo: Martín Arjol, el misionero que había tenido ambiciones de integrar las listas de Karina Milei pero quedó apartado, no está en la foto: altas fuentes aclararon ante este medio que no estaba en la Ciudad de Buenos Aires por un compromiso, pero que continuará integrando el bloque de seis diputados.
Uno de los argumentos más fuertes tiene que ver con que el capítulo de financiamiento que incorporaron del dictamen del diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot. Allí se cola un artículo para modificar el régimen fiscal de las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR), una de las exenciones impositivas que se eliminan para financiar los aumentos a las jubilaciones.
Las Bolsas de Comercio difundieron un comunicado en repudio de esta medida alertando sobre el "golpe directo" que implica para el desarrollo productivo argentino. Desde la Cámara de Diputados llamaron a hacer un "mea culpa" por no haberse dado cuenta de que lo que votaron, y en el oficialismo hicieron hincapié sobre esto para alertar de los "riesgos" de que se logre insistir con el proyecto.
La argumentación del cuidado de las cuentas públicas conseguirá el número necesario para evitar que la oposición consiga los dos tercios para insistir en la Cámara de Diputados, y desde el oficialismo están confiados. Los aliados pueden aportar con ausencias y abstenciones, por lo que la cantidad de votos afirmativos puede variar (estiman que serán entre 70 o 75).
Una contrapropuesta por discapacidad
Sin embargo, en La Libertad Avanza no están tan seguros de poder conseguir blindar el veto a la emergencia en discapacidad. Como adelantó El Cronista, hay un sector en el Gobierno que considera que el veto debería ser parcial o al menos ser acompañado de una medida del Ejecutivo para habilitar el aumento de ciertas prestaciones.
"Estamos planteando en este caso, con el tema de las prestaciones, la posibilidad de que se pueda hacer una revisión o algún gesto del Gobierno. Lo charlamos en el bloque y pedimos que lo evalúen. Es un tema delicado", aseguró ante El Cronista el diputado Pablo Cervi, uno de los radicales "con peluca" de LGI que ahora funciona bajo la órbita libertaria.
En la Casa Rosada circula cada vez más fuerte la versión de que seguramente el Gobierno otorgue un gesto en este sentido, aunque los vetos serán totales.
Lo que al Gobierno especialmente le interesa vetar es la declaración de emergencia que se establece hasta el 31 de diciembre del 2027, con el objetivo de "efectivizar el cumplimiento de la obligación del Estado nacional", según dispone el artículo 1; y el capítulo dedicado a la Pensión No Contributiva por Discapacidad para que el Ejecutivo le otorgue una pensión inembargable a "toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, de 70 o más años de edad o con discapacidad que cuente con el Certificado Único de Discapacidad", el cual ingresa más personas al sistema.
En estos dos puntos están todos los aliados de acuerdo con el oficialismo en que implicarían un gasto excesivo, pero buen con buenos ojos el punto de fortalecimiento de los prestadores, que contempla una compensación de emergencia con la diferencia entre el valor de los aranceles aprobados entre diciembre del 2023 y diciembre del 2024, y el porcentaje del IPC de ese mismo período para actualizar las partidas.