El Congreso comenzó este miércoles a tratar el proyecto de Presupuesto 2026 en una primera reunión informativa que asoma con ser el principio de una cocina a fuego lento, mientras que la oposición quiere marcarle la cancha al Gobierno con emplazamientos.

En la Casa Rosada quieren que el Presupuesto 2026 se apruebe, pero deberán delimitar de cuánto es el margen de negociación que disponen con los gobernadores para conseguirlo en medio de un contexto de alto voltaje con el Congreso.

A priori, en la primera reunión de la comisión de Presupuesto que duró dos horas, se volcó una catarata de críticas de la oposición, de la que no fue ajena el préstamo anunciado de Estados Unidos, con especial énfasis en dos reclamos: la prórroga del Presupuesto este año y la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo.

El presidente de la comisión José Luis Espert, quien además es cabeza de lista para la elección nacional en octubre por la Provincia de Buenos Aires, citó a una primera reunión para este miércoles a las 13 pero no fijó una hoja de ruta a futuro.

Desde el Gobierno reconocieron que la intención ahora es avanzar con las convocatorias a comisión para evitar que la oposición fije un plan de trabajo en base a emplazamientos, pero la idea no es llevarlo al recinto sino hasta después del recambio legislativo en diciembre.

A sabiendas de esto, los bloques opositores ya están orquestando ir a sesión la semana que viene y votar un cronograma de reuniones para que Espert no pueda frenar su tratamiento, como pasó el año pasado. En ese plan no solamente se incluirían fechas y horarios, sino además funcionarios.

Además de Luis Caputo, los diputados también pidieron que concurran a explicar las partidas los ministros Mario Lugones (Salud) y Sandra Pettovello (Capital Humano). También funcionarios como autoridades del Banco Central, la ANSeS y ARCA, entre otros.

El titular del Palacio de Hacienda, de todos modos, es el principal pedido. Élno acudió al Congreso para defender el plan económico del Gobierno durante la discusión del proyecto del año pasado, que finalmente no se trató, ni para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se aprobó vía Decreto de Necesidad y Urgencia.

A priori, los funcionarios que barajan para explicar el proyecto son el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien asistirá el próximo martes 1 de octubre; el de Finanzas, Pablo Quirno; y hasta el propio secretario de Educación, Carlos Torrendell, ya que el financiamiento universitario será uno de los ejes de la discusión.

"No se puede dar el debate si el ministro ´Toto´ Caputo no viene, es lo que corresponde. Se tiene que dejar de esconder del Congreso. No me importa si tiene fobia a las reuniones, tiene que venir. Él nos tiene que dar precisiones, sabemos de la predisposición que tiene el Secretario de Hacienda, pero tiene que tener confirmada la presencia de Caputo", apuntó el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.

La oposición también se quejó de que la próxima reunión sea el martes, puesto que ese es el día en el que buscan pedir la sesión. En carpeta también se encuentran dictámenes sensibles para el Gobierno, como la ley que modifica el Régimen de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), la cual ya cuenta con la aprobación del Senado.

Para dejar libres los miércoles ante eventuales sesiones, el diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot, propuso un cronograma de martes y jueves para debatir durante seis semanas y dictaminar la primera semana de noviembre. De esta manera, el Senado podría tratarlo en ordinarias. Así, tendrían "la plena seguridad y confianza que esta vez no va a acabar en un artilugio reglamentario y nos quedemos sin presupuesto", según el diputado.

La Cámara tiene como antesala el rechazo del veto a la ley que aumenta el presupuesto para las Universidades. Si bien el presidente Javier Milei anunció con bombos y platillos que el aumento para los sectores sociales en el Presupuesto, incluida una suba de del 14,2% nominal para las Universidades Nacionales y un 8% de aumento sobre la inflación para todo el sector educativo, desde la oposición ya comenzaron a hacer objeciones.

Una tiene que ver con que en Educación se plantea la eliminación del piso obligatorio del 6% PBI que está fijado desde el año 2006, cuando se sancionó la Ley de Educación Nacional. Lo cierto es que, de todos modos, fue una norma incumplida por la mayoría de los gobiernos.

En el proyecto que envió al Legislativo también se elimina la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH), una de las principales banderas del Gobierno libertario, aunque esta tendrá una duplicación del monto asignado respecto de diciembre del 2023; y la eliminación de la ampliación del régimen de zonas frías, lo cual excluiría a más de 3 millones de hogares de los subsidios al Gas Natural -afectaría en mayor medida a usuarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza-.

"La prioridad de este Gobierno es el Capital Humano", había dicho el Presidente en la presentación del proyecto por cadena nacional. Todo calculado sobre una base del crecimiento del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un dólar a $1.423 para diciembre del 2026 y un superávit primario del 2,2% del PBI. Desde el Gobierno destacaron que el 85% del gasto previsto para el año que viene se destinará a educación, salud y jubilaciones, con incrementos por encima de la inflación.

Otro punto que genera polémica es el proyecto para "blindar" el equilibrio fiscal, que además de incluir una regla fiscal establece modificaciones al Código Penal y un régimen de disciplina parlamentaria para evitar que se lleven adelante leyes que alteren las cuentas públicas y una eventual emisión monetaria.

Este último punto está a flor de piel también porque el Ejecutivo se encuentra en una puja tensa con el Congreso por los vetos a las leyes. Como contó este medio, ahora buscan avanzar hacia una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, porque con la promulgación de la Ley de Emergencia en Discapacidad sedeterminó la suspensión de la ley, pese a la insistencia de ambas Cámaras, por no detallar la fuente del financiamiento.

La llave de todo lo tienen los mandatarios provinciales. Para el proyecto de Presupuesto que impulsó el Gobierno el año pasado, con ánimos de que no prospere, los gobernadores insistieron con una serie de pedidos que el Gobierno Nacional no estuvo dispuesto a cumplir y fue por eso que se cayó su tratamiento. Ahora, como la Nación tiene la presión del FMI y además interpreta que si prorroga el Presupuesto solo podrá hacerlo en intervalos de tres meses, la mesa de diálogo cobra otro tono.

Uno de los gestos de la Nación hacia los gobernadores, luego de vetar la ley que distribuye los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fue aumentar el gasto por ATN en el marco del nuevo Presupuesto en más del 140%. También se prevé un incremento del 50% en promedio para partidas destinadas a infraestructura, con prioridad a las obras viales de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y proyectos de modernización ferroviaria.

En este sentido, en la Casa Rosada prevén que será un desafío retomar la credibilidad con las provincias. "Hay muchas promesas incumplidas", reconocen en el Gobierno. El gesto de la restitución del ministerio del Interior y la Mesa Federal demostró que el jefe de Estado dio un giro en su predisposición con los gobernadores, pero las elecciones de octubre, en medio de la discusión del Presupuesto, serán las que terminen de inclinar la balanza sobre cuánto estarán dispuesto a ceder.