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El Gobierno eliminó definitivamente el plan Procrear, una de las políticas de vivienda más utilizadas por miles de familias en Argentina desde su creación en 2012.

Esta medida, implementada por el Gobierno de Javier Milei a través de la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, marca el cierre del fideicomiso que respaldaba el programa, completando un proceso de desmantelamiento iniciado el año anterior.

¿Qué fue el plan Procrear?

El plan Procrear fue una de las principales políticas de vivienda del Estado, creada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Su objetivo era facilitar el acceso a una vivienda a miles de familias mediante líneas de créditos hipotecarios y desarrollos urbanísticos en todo el país.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES financiaba estos proyectos, y el Banco Hipotecario los administraba, incluyendo los préstamos y las tierras fiscales urbanizadas.

¿Por qué eliminaron el plan Procrear?

Según el Gobierno, la decisión de eliminar Procrear se basa en la necesidad de "mejorar el funcionamiento del Estado, reducir su sobredimensionamiento y transparentar el gasto".

Además, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) había detectado problemas como demoras en la entrega de viviendas, falta de condiciones de habitabilidad, desactualización de manuales de procedimiento, dificultades para el control y la fiscalización de recursos, y sobrecostos generados por atrasos.

¿Qué sucederá con los créditos Procrear ya otorgados?

Uno de los mayores interrogantes es qué sucederá con los créditos Procrear ya concedidos. El Ministerio de Economía determinó que el Banco Hipotecario S.A. continuará operando y gestionando los créditos ya otorgados.

Esto se realizará bajo las condiciones originales del contrato fiduciario de 2012, mediante un Contrato de Mandato entre la entidad financiera y el organismo a cargo de Luis Caputo.

Por lo tanto, los titulares de los créditos mantendrán sus condiciones contractuales originales, incluyendo el monto, la tasa de interés, el sistema de actualización y el cronograma de pago.

También, los beneficiarios no verán alterados sus derechos ni obligaciones, y las cuotas pactadas seguirán vigentes bajo el mismo esquema, sin modificaciones unilaterales, manteniendo la seguridad jurídica.