Tras el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), con el grupo contratista a cargo de los corredores E y F (Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA y COPASA de España) el Gobierno busca ahora rescindir también los contratos de Participación Público-Privada (PPP) de los otros cuatro corredores y asegura que "se está conversando con todos".
Hay tiempo hasta el 30 de noviembre pero no está tan claro que se arribe a una solución consensuada en el lapso que media hasta entonces.
Al menos así lo afirmaron a El Cronista desde uno de los grupos que por estas horas espera el llamado del Gobierno para sentarse a negociar el fin de su contrato.
"Para nosotros ésta es una puerta que se cierra el 30 de noviembre", enfatizan en la cartera que conduce Gabriel Katopodis.
Explican que la intención del Ministerio es repetir el acuerdo alcanzado con los corredores E y F en los otros corredores. Y aclaran que lo van a "intentar por todos los modos posibles".
Como muestra de buena voluntad recuerdan que "todo esto se podía haber cortado el 31 de agosto porque los contratos vencían en esa fecha y el Gobierno dio una prórroga por 90 días".
Sin embargo, lo que separa al Ejecutivo y las constructoras es dinero contante y sonante en divisas, un bien escaso en estos momentos.
"Los contratos no pueden cerrarse en 60 días, es un proceso muy complejo y lo razonable es hacer una transferencia escalonada", sostienen en una constructora de capital nacional.
Si bien admiten que probablemente el Gobierno pretenda cerrar un acuerdo similar al del consorcio liderado por Helport SA del Grupo Eurnekian, destacan que la situación es distinta porque no son un grupo empresario con actividades diversificadas, sino sólo constructoras, argumentan.
"Todavía no estamos sentados en una mesa", sostiene el empresario en diálogo con este cronista. Admite que hubo "charlas informales con la DNV y hasta hemos presentado una propuesta de continuidad pero hasta ahora no se avanzó mucho".
Los contratos prevén varias modalidades de rescisión pero para las constructoras sólo hay dos en que la baja del contrato termina satisfaciendo a ambas partes.
"Si el contrato es caro como dice el Gobierno o no se consigue el cierre financiero se puede rescindir por razones de interés público, una figura adecuada en la que el Estado se hace cargo del daño emergente (las inversiones realizadas hasta el momento) y las empresas no reclaman el lucro cesante", dice.
Los contratos orillan los u$s 1000 millones cada uno y tienen una duración de 15 años. La otra opción es lograr un mutuo acuerdo como llegó el Gobierno con el contratista de los corredores E y F.
"Por el momento no escuchan nuestras condiciones", dicen en la constructora consultada. Hasta ahora invirtieron entre 2 y 3% en Capital Expenditures o gastos de capitalización, unos u$s 20 o 30 millones.
Se refiere a inversiones en la capitalización de las empresas, el sistema de peajes, el personal absorbido para el contrato, equipamiento y la estructuración jurídico-financiera.
"Habiendo asumido el golpe de resignar los contratos, al menos reintegrennos lo que invertimos", reclaman.
Las negociaciones se encaran con los contratistas de:
- Corredor A en las Rutas 3 y 226, adjudicado a Paolini Hnos SA, Vial Agro SA, INC Spa Italia.
- Corredor B en la ruta nacional 5 (China Construction América SA y Green SA.)
- Corredor C en la ruta nacional 7 (José Cartellone Construcciones Civiles SA.)
- Y del corredor Sur en AU Riccheri, AU Ezeiza-Cañuelas, las rutas 3 y 205, a cargo de Rovella Carranza SA, JCR SA, Mota-Engil (Portugal).