El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) analizó ayer la situación de la economía argentina en una reunión informal, ante el rechazo de las autoridades económicas desde hace 62 meses a someterse a una evaluación, según informó el organismo en un escueto comunicado.
Esto ocurrió tres días antes de otro encuentro crucial que mantendrá el viernes el directorio del ente que conduce Christine Lagarde sobre la situación argentina.
En esa ocasión, el directorio del FMI no se centrará ya en la economía real sino en algo que tiene que ver con la deuda: el manejo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) por parte del Gobierno y de la confiabilidad de las estadísticas.
Es que los cupones de los bonos con que se renegoció la deuda a la salida del default están atados en parte a la inflación y en parte al crecimiento del PBI, y las mentiras sobre las estadísticas perjudican a los tenedores.
El pasado 17 de enero, Lagarde anunció que el directorio del organismo se reunirá el 1 de febrero para tratar el caso de Argentina sobre las mediciones de las estadísticas, en lo que fue su primera rueda de prensa del año.
Lagarde dijo Argentina ya tenía tarjeta amarilla y que el FMI podría sacarle tarjeta a roja a la Argentina, una metáfora para graficar una moción de censura para sancionar la manipulación estadística.
Por otra parte, la Argentina decidió en 2006 no someterse más a la revisión de los principales parámetros de su economía, que el Fondo hace anualmente en el marco del Artículo IV de su Carta Orgánica en todos los países del mundo.
El organismo internacional sostuvo ayer en un comunicado que se realizó una sesión de carácter informal en la que se analizó la economía del país, donde el directorio del FMI fue informado por el personal técnico sobre la situación económica de Argentina, cuya última Consulta bajo el Artículo IV tuvo lugar hace 62 meses.
Se trata de una sesión de rutina que no reviste ningún tipo de consecuencias para aquellos países que son objeto del mismo, según los procedimientos formales del Fondo.
El análisis es sólo de consulta y no implica ningún tipo de acciones o sanciones para los países, explicaron fuentes gubernamentales, quienes remarcaron que se trata de un procedimiento que surgió recientemente de las deliberaciones de los países que integran el G20.
Cada 12 meses el personal técnico del Fondo informa al Directorio, usando la información disponible, sobre los países miembros cuya Consulta del Artículo IV se encuentra demorada por más de 18 meses.
Recientemente ocurrió el mismo procedimiento para Ecuador, país que tampoco cuenta con un artículo IV vigente, entre los que también se encuentra Venezuela.