Denuncian al Gobierno por suministrar "información privilegiada" a cerealeras

El diputado nacional por Córdoba, Oscar Agost Carreño, presentó una denuncia penal contra funcionarios del Poder Ejecutivo por la firma del Decreto 682/2025, que eliminó de forma transitoria las retenciones a granos y subproductos. El decreto dictado el 22 de septiembre de 2025 habilitó un mecanismo por el cual, en apenas 72 horas, se inscribieron exportaciones por u$s 7.000 millones. Ese cupo "fue absorbido en tiempo récord por un reducido grupo de grandes cerealeras", mientras que "la mayoría de los productores quedaron excluidos", afirma la denuncia. Carreño plantea que la medida habría implicado "un perjuicio fiscal de aproximadamente u$s 1.500 millones", equivalente al 9% de la recaudación de septiembre, y que la operatoria podría configurar "administración fraudulenta, defraudación a la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público e información privilegiada". En el texto presentado, el legislador sostiene que "el plan fue ideado en el Ministerio de Economía luego de una contrapropuesta de los exportadores" y que existieron "acuerdos previos y confidenciales con las cerealeras". En ese contexto, se atribuye al ministro Luis Caputo la instrucción a empresarios de "acelerar que hay que terminarlo", frase que -según la denuncia- podría ser considerada como un acto de información privilegiada. El documento judicial también afirma que "diversas entidades rurales denunciaron exportaciones sin la tenencia física de los granos", lo que violaría la normativa vigente. Incluso, cita que "el propio titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, admitió públicamente esta circunstancia". La legislación aduanera, recuerda el escrito, exige que "los exportadores acrediten la existencia física de la mercadería" antes de inscribir operaciones. En este caso, se plantea que esa condición no habría sido cumplida. Otro de los puntos subrayados en la presentación es la contradicción normativa: el mismo día en que se firmó el Decreto 682, el Ejecutivo dictó el Decreto 681/2025, mediante el cual suspendió la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad por falta de recursos presupuestarios. "Se decidió no aplicar una ley vigente sobre discapacidad para no afectar el déficit cero, al tiempo que se resignaron USD 1.500 millones en ingresos fiscales", sostiene el denunciante. Para Carreño, la operatoria funcionó como "un pago adelantado con descuento usurario, asegurando divisas de corto plazo a costa de un perjuicio fiscal grave y arbitrario". En su visión, los principales beneficiarios fueron "unas pocas empresas privadas", mientras que los productores más pequeños quedaron en desventaja. El escrito enfatiza que "los productores que ya habían liquidado sus granos con retenciones vigentes vieron reducida su rentabilidad, mientras otros pudieron inscribir operaciones con beneficios extraordinarios". Al presentar la denuncia, el diputado aclaró que su intención no es "judicializar la política económica", sino impulsar "una investigación preliminar ante la posibilidad de que existieran ilícitos penales en una extraña maniobra de generación de divisas". En la sección legal, la presentación cita los artículos 173 inciso 7°, 174 inciso 5°, 248 y 157 del Código Penal, que tipifican los delitos de administración fraudulenta, defraudación en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público y violación de secretos. En cuanto a la prueba, se solicita que la Justicia requiera a ARCA las declaraciones juradas de exportación realizadas durante la vigencia del decreto, con detalle de fechas y volúmenes, y que se verifique si las existencias físicas fueron debidamente acreditadas. También se pide al Poder Ejecutivo la remisión del expediente administrativo que dio origen al decreto, además de pericias contables para calcular el monto fiscal efectivamente resignado. Asimismo, el legislador plantea que se requiera información a la Unidad de Información Financiera (UIF) y al Banco Central para rastrear movimientos financieros de las cerealeras que resultaron beneficiadas. En el petitorio, Carreño reclama que se identifique a los funcionarios intervinientes y que, de corresponder, se promueva acción penal en su contra. El trasfondo de la denuncia se vincula con la situación económica y política del Gobierno tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y en medio de las dificultades para sostener el programa de "déficit cero". El legislador subraya que la maniobra, tal como la describe, "benefició a determinados grandes empresarios y perjudicó al mismo tiempo a los productores agropecuarios argentinos". La causa se encuentra en etapa preliminar y será la Fiscalía Federal la que determine si los hechos relatados configuran delitos o si se trata de una medida de política económica dentro de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

Denuncian al Gobierno por suministrar "información privilegiada" a cerealeras

La presentación ante la Justicia apunta contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y a otros funcionarios. Sostiene que hubo uso de información privilegiada y declaraciones de exportaciones sin respaldo físico de mercadería

Lucas González Monte

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