Cristina Kirchner activó el paso más audaz de su estrategia internacional para intentar revertir la condena que hoy le impide ser candidata. Así lo anticipó Cata De Elía en El Cronista Stream.
La expresidenta sumó a su equipo de abogados a Rafael Valim, uno de los juristas que logró sacar a Lula da Silva de la cárcel y revertir su condena en Brasil. También incorporó al reconocido jurista español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Con la causa Vialidad ya cerrada y la condena firme tras el fallo de la Corte Suprema, el kirchnerismo agotó la vía judicial interna. Por eso decidió llevar el reclamo directamente a los tribunales internacionales.
La novedad es que el entorno de Cristina Kirchner eligió el camino de las Naciones Unidas por sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Allí presentarán una denuncia formal contra la Justicia argentina.
El objetivo declarado es acusar a los tribunales argentinos de lawfare, de persecución política y de haber cometido irregularidades durante todo el proceso judicial que terminó condenando a la expresidenta.
Detrás de esta ofensiva jurídica hay una definición política central: el entorno de Cristina Kirchner quiere que sea candidata en 2027. Buscan levantar la proscripción que pesa sobre ella.
La confirmación oficial de este movimiento llegará este miércoles cuando, a las 11:00, en el NH Hotel, se presente formalmente una Comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el marco específico de la causa Vialidad.
Estarán presentes los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, quienes explicarán los fundamentos jurídicos de la presentación y los pasos que seguirán a partir de ahora.
Estrategia a dos bandas
La estrategia combina dos frentes que avanzan en paralelo. Por un lado, el terreno estrictamente legal, con abogados de trayectoria internacional en casos de alto perfil político.
Por otro lado, el terreno político: instalar en el plano internacional la idea de que Cristina Kirchner es una presa política y perseguida judicialmente.
Ese relato busca replicar, en clave argentina, el camino que recorrió Lula da Silva en Brasil antes de volver a ser candidato y presidente.
La incorporación de Valim no es un detalle menor. Fue una pieza clave en el proceso que terminó anulando la condena que pesaba sobre Lula.
Su experiencia previa ante mecanismos de derechos humanos de la ONU, el sistema interamericano y el sistema europeo lo convierte en una pieza estratégica.
Ningún organismo internacional puede anular directamente un fallo dictado por tribunales argentinos. Pero sí puede declarar la responsabilidad internacional del Estado.
Esa declaración, sostienen en el entorno de Cristina Kirchner, funcionaría como respaldo político y jurídico para reclamar la revisión de su situación procesal.