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El Gobierno Nacional dispuso este martes la derogación de la norma que regulaba, desde hace más de 30 años, los aranceles de los establecimientos educativos públicos de gestión privada.
Lo hizo a través del Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida elimina la obligación de obtener autorización previa del Estado para modificar las cuotas.
La administración de Javier Milei lo califica como un paso hacia la “libre contratación” en el sector educativo privado con subsidio público.
El decreto deroga específicamente el número 2417/93, que complementaba el marco regulatorio establecido en 1991 con el 2542/91. Este último también será revisado por la Secretaría de Educación, según instruye la nueva normativa.
Por qué el Gobierno desreguló los aranceles de escuelas privadas
El Gobierno justifica la medida al señalar que la regulación vigente generaba “efectos contraproducentes” tanto para las instituciones como para las familias.
Según el texto oficial, al exigir a los colegios presentar los montos de cuotas y matrículas con anticipación, se limitaba su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado y los costos operativos.
En este sentido, sostienen que esa rigidez llevaba a los establecimientos a fijar aranceles más elevados desde el inicio del ciclo lectivo “por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal”, perjudicando así a las familias que debían afrontar cuotas más altas de lo necesario.
Además, se argumenta que el marco regulatorio estaba “desactualizado”: el decreto original de 1991 fue dictado cuando la administración educativa estaba centralizada en el gobierno nacional, antes de su transferencia a las provincias.
“La estructura de costos y consecuentemente de aranceles de la educación ha variado desde entonces”, señala el documento.
El decreto introduce el concepto de “libre contratación” en el sector educativo privado, permitiendo a las instituciones definir sus políticas de precios y compensaciones “en el marco de una competencia leal y en función de las demandas del mercado”.
La medida sostiene que la intervención estatal “constriñe el derecho de propiedad” de los establecimientos, que como entidades privadas deberían tener libertad para fijar condiciones contractuales y salarios sin necesidad de autorización.
Desde cuándo comienza a regir la medida
De acuerdo con lo precisado, el Decreto 787/2025 entra en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial, es decir, desde este 11 de noviembre. Simultáneamente, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, deberá revisar las pautas del Decreto 2542/91 y elevar una propuesta de modificación.
Así, a desregulación de los aranceles educativos se suma al paquete de medidas liberalizadoras impulsadas por el gobierno de Milei en diversos sectores de la economía.