Por una hora, aproximadamente, hubo humo blanco. Sin embargo, el acuerdo anunciado por el Ministerio Público de Brasil para compartir la información aportada en su país por los "arrepentidos" de las coimas de Odebrecht, en el marco de la operación Lava Jato, fue minimizada al poco tiempo por sus colegas de la Procuración General de la Argentina.
Según se informó en el país vecino, el acuerdo de cooperación judicial establece que los tribunales argentinos "pasan a aceptar las delaciones premiadas y acuerdos de lenidad firmados en Brasil en el ámbito de la Lava Jato", por lo que "será posible acusar a ex funcionarios envueltos en irregularidades".
Así fue anunciado por la Fiscalía General de Brasil en un comunicado, en alusión a un último encuentro bilateral desarrollado el pasado viernes con funcionarios argentinos, con sospechas de coimas por u$s 35 millones. Esto implica que, a partir de dicha información, habrá por parte del sistema judicial argentino la renuncia a utilizar ese material para acusar a los arrepentidos, así como también a llevar cualquier acción administrativa o bien civil. Algo resistido en las fiscalías locales.
Por eso, tras el anuncio brasileño, en la Procuración General argentina, relativizaron el acuerdo tal como fue difundido primero: "Como resultado de este encuentro (el del viernes) la mesa de trabajo ha consensuado alternativas de máxima y de mínima para, en caso de contar con el visto bueno de las respectivas autoridades, transmitir la posición formal nacional al Ministerio Público brasileño", aclararon en un comunicado posterior al brasileño.
"El diálogo bilateral que se viene llevando a cabo implicaría un compromiso para las autoridades locales de no utilizar la información voluntariamente aportada por los colaboradores en Brasil en su contra, en las causas que tramitan en la Argentina", agregó el organismo local, que dirige Eduardo Casal.
Varios casos relativos a las coimas pagadas por la empresa Odebrecht se tramitan en la Argentina y, con las informaciones y pruebas proporcionadas por Brasil, será posible por primera vez acusar a ex funcionarios kirchneristas y empresarios implicados en irregularidades. "Al mismo tiempo se deben respetar los marcos de los acuerdos de colaboración o lenidad celebrados en Brasil, a la vez que resulta indispensable prevenir que el intercambio de información que se ofrece no impida o entorpezca otras acciones que puedan ejercerse en el país", destacó la Procuración.
En cambio, sin medias tintas, el Ministerio Público Federal de Brasil indicó sin embargo que la firma del documento ocurrió el viernes pasado y que se produjo luego de intensas negociaciones en los últimos seis meses para alcanzar un "entendimiento común" sobre los términos de la cooperación jurídica. Precisó, además, que la Argentina estaba "resistente" a conceder inmunidad a los delatores a cambio de las informaciones.