La reforma de la ley de biocombustibles volvió a quedar trabada en el Congreso. La Libertad Avanza quería conseguir este miércoles el dictamen en un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, Presupuesto y Hacienda y Agricultura, pero los bloques aliados reclaman modificaciones para proteger a las pymes regionales que producen biodiésel.
El planteo vuelve a poner en el centro de la discusión el capítulo que más dificultades generó durante el tratamiento en el Senado. Allí, el oficialismo tuvo que negociar durante semanas el esquema de participación de las empresas no integradas, mientras las pymes advertían que la apertura del mercado podía dejarlas fuera de competencia frente a las grandes compañías integradas.
Ahora, el conflicto se trasladó a Diputados. “Tampoco se dictamina biocombustibles, porque no hay acuerdo. Pedimos cambios en defensa de las pymes de varias provincias, las del biodiésel son las principales afectadas”, señalaron desde uno de los bloques aliados.
La discusión tiene un fuerte componente bonaerense. Las empresas agrupadas en la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), que también reúne a firmas de La Pampa, Entre Ríos y San Luis, sostienen que esas provincias producen alrededor del 65% del biodiésel destinado al mercado interno.
Durante la reunión informativa de la Comisión de Energía de Diputados, las pymes cuestionaron el texto que llegó desde el Senado y reclamaron cambios en el esquema de distribución del mercado.
En particular, plantearon elevar el corte obligatorio de biodiésel para generar mayor demanda y sostener la participación de las plantas regionales. La propuesta de CEPREB contempla llevarlo hasta el 12% o 12,5%.
El planteo de las empresas es que el problema no se resuelve solamente con aumentar el corte si, al mismo tiempo, se reduce progresivamente la participación que tendrán las plantas no integradas. Según las pymes, el esquema aprobado por el Senado favorece a las empresas integradas de mayor escala y pone en riesgo la continuidad de las plantas regionales.
El antecedente del Senado
El proyecto que ahora discute Diputados fue aprobado por el Senado en septiembre después de una negociación que tuvo al biodiésel como uno de sus principales puntos de conflicto.
El texto establece que el corte obligatorio de biodiésel pase del 7,5% al 10% durante el primer año de vigencia de la nueva ley. Al mismo tiempo, fija un esquema de transición para las empresas no integradas, cuya participación se reduce de manera progresiva en los años siguientes.
La discusión fue especialmente compleja porque las pymes reclamaban conservar una porción mayor del mercado frente a las empresas integradas. El oficialismo, en cambio, defendió la apertura del mercado y la incorporación de más jugadores.
El acuerdo alcanzado en la Cámara alta permitió finalmente avanzar con la iniciativa, aunque desde el sector pyme anticiparon que buscarían modificar el texto durante su tratamiento en Diputados. Esa negociación es ahora la que vuelve a abrirse.
Las pymes bonaerenses, en el centro de la pelea
Voces aliadas al gobierno sostuvieron en diálogo con El Cronista que el cambio en las reglas de juego puede tener un impacto directo sobre las plantas ubicadas en Buenos Aires y en otras provincias productoras.
CEPREB advirtió que reúne a 25 empresas y que el nuevo esquema puede reducir de manera significativa el volumen disponible para las plantas regionales. En el caso bonaerense, el reclamo tiene además una dimensión territorial, varias de las plantas que quedarían expuestas a la pérdida de mercado están ubicadas en el interior de la provincia.
El argumento de las empresas es que las plantas integradas cuentan con una ventaja estructural porque producen o acceden directamente a la materia prima, mientras que las pymes regionales deben comprar el aceite de soja y afrontar los costos logísticos para abastecerse.
Por eso, el reclamo que comenzó como una discusión sectorial empezó a trasladarse a los bloques políticos. Diputados de las provincias donde están radicadas las plantas pymes buscan introducir cambios antes de acompañar el dictamen.