El Grupo México decidió esta semana abandonar la competencia para quedarse con la licitación para privatizar por 50 años la administración de las tres vías que integran el Belgrano Cargas (Belgrano, San Martín y Urquiza).

La empresa había anticipado que tenía malestar con el hecho de que la licitación forzara al sistema open access, que hace que el administrador de la vía deba garantizar a los operadores ferroviarios las mismas condiciones para transitar, a cambio de un peaje.

“Ese modelo, desde nuestra perspectiva, resulta ineficiente, resta competitividad al sistema en su conjunto, incrementa los costos y precios a los clientes y requiere de subsidios públicos para mantenerse”, explicaron desde la empresa.

Desde el grupo que tiene operaciones en Estados Unidos, agregaron: “En innumerables ocasiones diferentes empresas han colapsado y declarado la quiebra debido a este esquema”.

En contraste, la empresa aspiraba a replicar el modelo de integración vertical que aplican en México, y con las redes que operan en Estados Unidos que “ha generado incentivos para la inversión y la eficiencia operativa, pues al controlar todo el sistema, las empresas ferroviarias de carga optimizan el uso de sus activos, mejoran la planificación logística y benefician a los usuarios y a las cadenas de suministro”.

Por último, subrayaron que “las bases de la licitación en Argentina no cumplen con lo recomendado por Grupo México en varias ocasiones de un modelo de integración vertical y altamente competitivo para los futuros clientes del ferrocarril”.

El grupo manifestó rápidamente su disconformidad con el sistema de open access, pero desde el Gobierno aseguraron desde el inicio que esa condición era inamovible y que era uno de los requisitos fundamentales para la licitación.

De hecho, fue uno de los primeros proyectos que había presentado el hoy ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cuando era diputado.

Otras críticas surgieron a la licitación que también planteaban que operaban como desincentivos a la inversión, como la relevancia de los precios de los peajes dentro de las puntuaciones que podían obtener los competidores en base a lo que ofertaran.