Cuando la diputada Vallejos pronunció la palabra “expropiación y la aplicó a las empresas subsidiadas por la cuarentena, hace tan solo 3 semanas, todos miramos al Presidente de la Nación para ver su reacción y adivinar si él también opinaba de ese modo o si solo eran parte de la tropa oficial más radicalizada y fanatizada.

La respuesta se demoró unos interminables 10 días, para decir que él no compartía esas “ideas locas . Tan solo 10 días más tarde, el propio Alberto Fernández puso su firma en un vergonzoso e inconstitucional DNU 522/20 que dispone la “intervención y “ocupación temporánea anormal de la empresa Vicentín, para su futura “expropiación vía ley.

Y al día siguiente, su Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, nos dejó saber que las expropiaciones no se aplicarían “a todas las empresas en problemas , que lamentablemente serán muchísimas, con lo que nos dejó saber que sólo se expropiarán unas cuantas.

La gravedad de la crisis es consecuencia de la propia decisión del Gobierno de acuartelar a toda la población, impidiéndole trabajar, para evitar contagios que no puedan ser tratados adecuadamente por un Estado muy ineficaz.

Esta certeza se mostró con todas las letras en los fundamentos de la serie de muy razonables DNUs de ayuda a la producción y al trabajo que se dictaron a partir del 1º de abril. Se dispusieron así tanto las prohibiciones de despidos como el subsidio de salarios complementarios y la prórroga o bonificación de cargas sociales (el ya conocido programa ATP) y una serie de créditos blandos. Todo esto fue ratificado con gran consenso por el Congreso Nacional, en un inequívoco espíritu de afrontar todos juntos, con el Estado como protagonista, esta crisis sanitaria tan feroz. Le dimos la derecha al Presidente en la crisis.

Sin embargo, días más tarde, el propio Jefe de Gabinete, ayudado por sus subordinados más conspicuos, mediante un recurso absolutamente irregular de producción de normas del Estado, comenzó a aprobar “recomendaciones de un Comité ad hoc que fue transformando lo que era subsidio en un precio de expropiación y moneda de sometimiento empresario.

Ese Comité agregó, a los requisitos decretados por el Presidente y ratificados por el Congreso, una serie de condicionamientos que nada tienen que ver con el espíritu de la norma legal, sino más bien con una concepción de justicia distributiva que es ilegítima.El colmo ha sido que hasta el propio Guillermo Moreno salió a criticar al Presidente por esto.

Exigencias de no operar en el mercado de cambios, prohibición de distribuir dividendos por tres años y otros castigos por el estilo salieron de boca de los ministros Kulfas, Guzmán y Moroni y de la titular de AFIP , Marcó del Pont y fueron aceptados por el Jefe de Gabinete.

De este modo irregular y jurídicamente improvisado se fueron creando normas trascendentes que violentan principios básicos de la vida empresaria como al pasar, en un exceso obvio de la delegación conferida.

Estas “recomendaciones que figuran en “Actas de las Decisiones Administrativas no quedan materializadas en ninguna norma clara del responsable de la administración nacional, sino en normativas subordinadas del BCRA, la AFIP o la CNV, que pueden ir apareciendo cuando a los administradores les plazca. Todo ello, repito, a espaldas del Presidente y del Congreso, sin ninguna rendición de cuentas del Jefe de Gabinete, quien en seis meses de gestión no cumplió con ninguna de las seis visitas al Congreso que le manda la Constitución.

Ocupar una empresa alegando la ley de expropiación sancionada por el gobierno de Videla, dictada solo para terrenos e inmuebles, es un abuso de interpretación, como si empresa y edificio fueran lo mismo.

Lo que parecía un exceso, falta de profesionalismo y asesoramiento adecuado de parte del ministro Cafiero, se hizo lamentablemente extensivo al Sr. Presidente de la Nación con el dictado de este DNU de intervención de Vicentin. Ahora, él también está demostrando un uso excesivo de facultades y una falta de asesoramiento letrado, inconcebibles en un profesor de derecho de la UBA. Intervenir una empresa, como hizo con Vicentin, está vedado incluso para nuestro Congreso; cuánto más para un Presidente que alega haber usado facultades legislativas que no existen.

Ocupar una empresa alegando la ley de expropiación sancionada por el gobierno de Videla, dictada solo para terrenos e inmuebles, es un abuso de interpretación, como si empresa y edificio fueran lo mismo. Una tremenda confusión que la comunidad de Avellaneda, Santa Fe, aclaró con creces en la calle. La empresa es una historia, una comunidad y un futuro.

Trasladar los activos de esa empresa a un fideicomiso creado ad hoc y, por último, “transferir los empleados de Vicentin a YPF , como propone el proyecto de ley, como si se tratara de ganado, de manera inconsulta, es otro atropello, ya no a los empresarios argentinos, sino a los trabajadores y a toda la comunidad. Es el broche de oro de una lisa y llana disolución de una empresa casi centenaria, orgullo de nuestro campo y nuestro interior productivo.

Parafraseando al propio Fernández, todavía no sabemos cuándo llegará el pico de esta ola de desaciertos y arbitrariedades que solo llevan congoja y enorme preocupación y nos hacen pensar, a solo seis meses de gobierno, en dónde nos hemos metido y cómo saldremos de este enorme descarrilamiento.

El Presidente aún puede recapacitar. Espero que no se propague el virus de la expropiación y la arbitrariedad. Que ya cuenta con cierta circulación comunitaria.