La situación económica para las pymes en el 2018 fue asfixiante por distintos motivos que afectaron a la producción y a las ventas, tanto internas como externas. Las principales variables que encarecieron la actividad y tornaron casi inviable el funcionamiento de las fábricas nacionales fueron analizadas por Industriales Pymes Argentinos (IPA) y generaron una consecuente batería de propuestas para defender los intereses de los productores de manufacturas y realizar un aporte al Gobierno nacional para lograr una gestión eficiente.

A inicios del año, el IPA alertó por el traslado a los precios de los servicios energéticos entre el 50% y el 70% producto de la devaluación. La actualización de costos en dólares había generado fuertes pérdidas para los fabricantes y licuaba los beneficios de la actualización del tipo de cambio ante eventuales exportaciones. Por ese motivo, habíamos pedido un plan estratégico para ganar competitividad mundial que incluyera un congelamiento de precios para ayudar a la política oficial antiinflacionaria. En pos de ganarle a la suba generalizada de precios, la entidad también llamó al Gobierno a ser garante de un acuerdo entre industriales y comerciantes para evitar el traslado a góndola del incremento energético, hecho que el sector productivo ya había absorbido.

Los conflictos con la energía fueron un factor clave en el hundimiento de la rentabilidad del sector y en el incremento de la pérdida de empleos. Además de la dolarización de los precios, el deficiente servicio de las empresas prestatarias generó pérdidas incalculables en las Pymes argentinas. El origen fue la baja o nula inversión en las redes de media y baja tensión.

El IPA mantuvo una política de diálogo abierto con distintos funcionarios de Gobierno y fue así que en una mesa de trabajo con la Secretaría de Comercio, propuso un impuesto del 5% a las importaciones de productos finales con sustitutos de origen nacional para que se destine a la promoción de las exportaciones de las pymes argentinas.

Además del pedido de establecimiento del nuevo "Fondo Nacional para Promover las Exportaciones PyME", los industriales del IPA propusieron la creación de un régimen de reintegros "específicos" a otorgarse en función de la región, sector industrial, y tamaño de la empresa, entre otros criterios; y el establecimiento de una línea "express" de financiamiento exportador para las PYME; y la restauración del "canal rojo" de verificación obligatoria para las importaciones con medidas antidumping vigente. E insistió en el fin del "apagón informático" de AFIP.

En términos de comercio internacional, el IPA le pidió al Gobierno nacional que establezca reglamentaciones técnicas que pongan en condiciones de igualdad a la actividad fabril local con el mercado mundial para competir ante la importación de productos manufacturados, y destacaron la necesidad de que se implementen las modificaciones antes de un eventual acuerdo entre el Mercosur y la UE.

Consecuente con la necesidad de resolver problemas sin necesidad de confrontar, la entidad instó a dejar de lado conflictos mediáticos para ingresar en una etapa superadora a través de una mesa de diálogo en donde estén representadas las pymes, motor del desarrollo de la actividad económica argentina.

En el inicio del segundo trimestre, los industriales recibimos de parte del secretario de Emprendedores y Pymes de la Nación, Mariano Mayer, el anuncio de que la administración central estaba realizando una revisión del sistema de embargos de parte de la AFIP para evitar perjuicios en el funcionamiento a las fábricas y así achicar el número de industrias afectadas por ese accionar, que durante el 2017 había alcanzado a 250.00 según cifras oficiales.

Ante el avance de la crítica situación sectorial, una veintena de entidades conformó la multisectorial pyme industrial que propuso un proyecto de ley para modificar el sistema indemnizatorio que tienen las distribuidoras de energía eléctrica con el objetivo de establecer la instalación de un seguro obligatorio a fin de enmendar los problemas que generan los cortes de energía, total o parciales.

En abril, y en el inicio de las turbulencias cambiarias, el IPA había alertado por el efecto recesivo que generaría en la actividad manufacturera una crisis inflacionaria a partir de la falta de control del mercado cambiario, aunque a la vez había señalado que la suba de la tasa de interés retraería la producción y la renta financiera ahuyentará inversiones en dólares, en un contexto de volatilidad global.

"¿Qué pasa si el Gobierno decide liberar el mercado y el dólar se instala en $ 25? Inmediatamente esa devaluación se convierte en inflación, con aumentos en costos que las pymes no podemos trasladar a precios porque el mercado está en el mínimo. De esa manera se paralizará la producción industrial ante un mercado está ofertado", fue una reflexión que hice a finales de abril.

Con la devaluación en marcha, la entidad propuso poner en marcha un plan de crisis de cuatro ejes y con vigencia mínima de 180 días para darle volumen al desarrollo de las pymes con el objetivo de reactivar la producción argentina y revertir así el escenario de inestabilidad que se generó en el país a partir de las especulaciones financieras. La agenda destinada a las pymes planteó por el plazo de seis meses la limitación de las importaciones de productos a los elaborados en el país; la pesificación de los costos energéticos; el congelamiento de los embargos; y la obligación al mercado financiero para brindar una tasa de interés diferenciada para el pago de los salarios.

También reclamamos la "urgente" pesificación de la energía para la industria ante la imposibilidad de las fábricas de hacer frente a los costos de esos insumos básicos para el funcionamiento de las máquinas, y el congelamiento por seis meses del precio en el marco de un acuerdo entre todos los sectores. Y señalamos que los aumentos en los costos energéticos para el sector manufacturero se multiplicaron por 20 desde el 2015 al señalar que para septiembre pasado ya representaban un 24% de los gastos totales de una empresa, lo que explicaba el 30% del encarecimiento de los precios al consumidor que empujó hacia arriba al flagelo de la inflación.

Ya en octubre le pedimos al Gobierno nacional a poner en marcha medidas tendientes a darle previsibilidad a la actividad industrial, que incluya una tasa de financiamiento preferencial para las pymes del sector que será destinada al pago de salarios y a la adquisición de insumos industriales; un precio sostenido de la energía; y la ampliación para las fábricas medianas de los beneficios del decreto que estiró los plazos a 60 días la liquidación de retenciones.

Desde el IPA también alertamos por el crecimiento desmedido del mercado informal entre los productores manufactureros, con consecuencia directa en el empleo del sector, y responsabilizó al efecto nocivo que genera en la actividad privada la combinación de una política financiera que aplica altas tasas de interés y a una presión fiscal récord que le quita competitividad a los productos nacionales.

Y para cerrar el año, fuimos parte de un colectivo de empresarios que reclamamos repensar las relaciones comerciales con el mundo ante la reinstauración del proteccionismo mundial; y poner en marcha leyes que permitan salir de la crisis local de la mano de la producción y el trabajo nacional a través de las pequeñas y medianas empresas.

Estas son sólo algunas de las propuestas que acercamos al Gobierno y al Congreso de la Nación para ser parte de un cambio a favor de las pymes, motor de la industria nacional y generadora de empleo. Aún en un escenario en donde al diálogo le faltó una contraparte en las acciones, seguiremos apostando en el espíritu propositivo porque nuestro objetivo es producir y dar trabajo.