Existe un vasto consenso acerca de que el foco principal de la próxima gestión debe ser reducir, sensible y consistentemente, la tasa de inflación. La herencia dejará un piso para este año de 140% anual, unos 50 puntos por encima de 2022. El éxito del nuevo gobierno -tanto como el fracaso de éste- estará unívocamente medido en esos términos. Un interesante ensayo reciente ('Planes de estabilización: evidencia de América Latina'), de Martín Rapetti y otros, pone en evidencia lo complejo que resulta estabilizar de manera persistente. De los 46 planes de estabilización relevados en el trabajo en 13 países de la región desde 1970 apenas la cuarta parte lograron un "éxito perdurable", ubicando a la inflación por debajo del 20% anual en cinco años. A esta limitación expresada por la historia se le suman otros elementos inéditos, especiales, que estarán presentes en la estabilización argentina de 2024. El más simple de ver es el pasivo social, con más de 40% de la población por debajo de la línea de la pobreza y más de la mitad de los niños en la misma condición. En experiencias estabilizadoras pasadas, como el Plan Austral de 1985 o la convertibilidad de 1991, ese pasivo era sustancialmente inferior. Estabilizar requiere tomar medidas amargas, contractivas sobre la actividad económica y que en el corto plazo empeoran la inflación. Si una buena parte de la población presenta una condición vulnerable en sus ingresos familiares, es impensable una estabilización que no contemple en sus primeros tiempos asistencias específicas hacia esos grupos, chocando con el objetivo básico de alcanzar el equilibrio en las cuentas fiscales. Lo más novedoso, sin embargo, es cómo el avance tecnológico podría llegar a limitar la capacidad estabilizadora de la política económica. En concreto, las billeteras digitales, por un lado, y las nuevas herramientas de medición de la inflación restarían eficacia a la política monetaria y a las estrategias de ajuste de los contratos, respectivamente. Veamos ambos casos. Tradicionalmente, la tasa de interés ha sido la herramienta de política económica que moviliza la liquidez del dinero transaccional hacia instrumentos a plazo, de modo de reducir los niveles de actividad y la tasa de inflación. De esta forma, disponer de "efectivo en la billetera" compite contra la alternativa de obtener rendimientos vía tasa de interés. La proliferación a nivel minorista de las billeteras digitales remuneradas reduce así la potencia de la política monetaria, ya que las subas de las tasas no disminuyen el deseo de disponer de efectivo. Por el contrario, aumentan el rendimiento de los saldos monetarios de las familias, lo que va en detrimento de reducir la demanda agregada y la inflación a través de sus efectos en el consumo. Tanto el dinero disponible en billeteras digitales como el saldo invertido por esta vía en fondos comunes de inversión, crecen entre el 30% y 40% real en los últimos meses. Aunque marginales aún respecto de los depósitos privados totales, su tasa de crecimiento está siendo exponencial. Al mismo tiempo, el incremento de las transacciones digitales hace que el dinero 'rinda más'. Esto es, que la misma cantidad de dinero cambie de manos con mayor facilidad y se concreten más transacciones por unidad de tiempo, aumentando la velocidad de circulación del dinero. Por tanto, aunque el Banco Central controle el M2 privado (dinero circulante + cheques cancelatorios en pesos + depósitos a la vista), no puede reducir la liquidez transaccional dada la mayor capacidad de realizar transacciones a través de medios digitales. Si se suma la inexistente profundidad del mercado de crédito en pesos para el sector privado (apenas 7,2% del PBI), la política monetaria podría perder buena parte de su eficacia teórica. Según datos del BCRA, las transacciones digitales, medidas por individuo, se triplicaron entre 2019 y 2022. El salto tecnológico también dice presente en la forma en que se relevan precios. El sector privado utiliza cada vez más asiduamente lo que se conoce como "datos de alta frecuencia" que, a diferencia del pasado, permiten con un relevamiento instantáneo de la evolución de los precios minoristas. Veinte o treinta años atrás, la herramienta no existía, y en consecuencia la forma de reajustar contratos -negociaciones salariales incluidas- no podía seguir la evolución de los precios en forma continua. El 'catch-up' se lograba, imperfectamente, a través de saltos discretos (mensuales en los casos más extremos). En la actualidad, las revisiones salariales se han acelerado y, en los últimos meses, cada vez más las actividades de los sectores productivos y de servicios tienen ajustes salariales todos los meses. Una mayor disponibilidad e inmediatez en la información de precios muestra dos caras para la efectividad de la política económica. Por un lado, el acortamiento del plazo de los contratos reduce la inercia, entendida como la injerencia del pasado sobre la inflación presente. Un ejemplo: en contratos de seis meses de duración, la inflación de junio de 2023 arrastraría efectos de 2022, mientras que contratos de un mes implicarían que sólo los precios de mayo -y los del propio mes- serían relevantes para la inflación de junio. Por el otro, ajustar el sector externo para acumular reservas a través de devaluaciones nominales se vuelve más difícil, ya que el traslado a precios es más rápido con revisiones salariales más cortas. En síntesis, el tejido social, la realidad de los contratos y el cuadro monetario es completamente distinto al de experiencias pasadas de estabilización. Hoy actúan en forma simultánea los convenios colectivos, los datos de alta frecuencia, el acortamiento de los contratos y la inclusión de las billeteras digitales en el mundo transaccional. Se requerirá entonces de precisión quirúrgica para conducir la estabilización, de modo de evitar una nueva crisis social y económica de consecuencias dramáticas.