Desde hace días, muchos ciudadanos venimos sintiendo cómo el Gobierno está gestando un clima de autoamnistía, provocado a través de sus funcionarios en los distintos poderes del Estado y organismos que deberían ser de control.

Por mencionar algunos, recientemente el Consejo de la Magistratura desestimó las investigaciones contra los inmorales jueces Luis Rodríguez y Rodolfo Canicoba Corral; el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, cuya función es, entre otras, instruir a los abogados del Estado Nacional, solicitó que se desestime la denuncia del fiscal Nisman por el Memorandum con Irán; el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, en vez de ocuparse del hacinamiento en las cárceles y aquellos detenidos con prisión preventiva y por ende sin condena, solicitó la prisión domiciliaria para corruptos condenados y confesos como Jaime y Boudou, amigos del poder de turno.

Un análisis aparte requiere la actuación de Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), quien el 14 de mayo decidió que la OA desista de su carácter de parte querellante en las causas conocidas como “Hotesur y “Los Sauces que tramitan ante el Tribunal Oral Federal No. 5. Entre las competencias que la ley que dio orígen a la OA establece, están las de “velar por la prevención e investigación de aquellas conductas que dentro del ámbito fijado por esta reglamentación se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción ; y “constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado . A pesar de que la ley es clara, Crous considera que la OA no debería investigar y menos querellar. La renuncia al cargo debería ser el camino a tomar por este funcionario, ya que lo que está desistiendo de hacer es una de las obligaciones principales del cargo que ostenta. Crous dejó de lado su rol, y muestra mayor preocupación por las partes imputadas que por defender los intereses y recursos del Estado.

No era difícil suponer que, cuando el Frente de Todos presentó su fórmula presidencial un año atrás, garantizar la impunidad para su madrina figuraba al tope de las prioridades de su programa de gobierno. ¿Qué razón habría de tener la actual vicepresidente para acompañar en la fórmula a Alberto Fernández, que no fuera la de poner en marcha el desguace de sus causas pendientes ante la Justicia y evitar la revisión de su gobierno?

Las marchas y contramarchas que el presidente Fernández esgrime sin definirse, nos muestran las dos caras de una misma moneda: Cristina de un lado y Alberto del otro, atados a la misma suerte e intención. Por eso, lo que empezó siendo un pacto de impunidad, hoy busca generar a través de los funcionarios de su gobierno, una autoamnistía para la ex presidente y sus secuaces.

Urge que la Justicia se haga cargo de su rol y empiece a funcionar. ¿Cómo puede ser que el Congreso, integrado por 257 diputados, haya logrado funcionar y sesionar desde todo el país, pero la Justicia esté paralizada y se siga demorando “el juicio de los cuadernos , alegando problemas tecnológicos, hoy fácilmente solucionables? La ciudadanía no es ingenua, tengan el coraje que su rol requiere. La Justicia es un servicio esencial, no puede estar en cuarentena.

Humildemente, le pido al Presidente Fernández un poco de sentido común y empatía con todos aquellos ciudadanos que hace más de sesenta días sufren las consecuencias de la pandemia y el aislamiento social obligatorio. Mientras juega al profesor de tono alfonsinista, los dirigentes que integran su frente promueven impunidad para funcionarios por delitos cometidos contra la administración pública; proponen una expropiación parcial de aquellas empresas que el Estado auxilió debido a las dificultades que provocó el aislamiento obligatorio; funcionarios ministeriales pagan sobreprecios por la compra de alimentos para la asistencia social; entre otras tropelías.

Es hora de empezar a utilizar los recursos a disposición. En el informe anual de la Unidad de investigaciones Financieras (UIF), constan los datos de las causas en las que el organismo es querellante (narcotráfico, corrupción, lavado de activos, trata de personas, contrabando, etc). A enero de 2020, los bienes embargados alcanzaban los $ 607.871.476.560, más del doble de lo que se pretende recaudar con el impuesto patriótico. Antes de seguir extrayendo recursos del mismo sector, pongamos el esfuerzo en recuperar lo robado. Debe tener presente que sin sector privado productivo, no hay sector público sostenible.

Señor Presidente, anímese a dejar su rol de secretario y asuma la tarea para la que fue votado. Convoque a un comité de crisis más amplio, con representantes de los tres poderes del Estado, de la oposición, empresarios de distintos rubros y sectores, la sociedad civil, y permita que -conjuntamente con el comité de infectólogos y expertos- se diseñen los protocolos necesarios para ir retomando las distintas actividades.

Pongamos al país en funcionamiento. No dejemos que el Covid-19 infecte la Republica y sus instituciones.