El 24 de abril hay elecciones en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. En un contexto como el actual, en el que el sistema de justicia se encuentra cuestionado, esta elección es trascendente no solo para abogadas y abogados sino para toda la sociedad.

Un mensaje que comenzó a instalarse décadas atrás se viene intensificando con el correr de los años. Existen afirmaciones falsas, que a fuerza de ser repetidas terminan generando una sensación de realidad: la justicia es responsable de la corrupción, la inseguridad, el costo laboral, etc. La abogacía, a su vez, es señalada como responsable de los altos niveles de litigiosidad y en buena medida parte del costo argentino.

Sin embargo, una mirada más profunda sobre los problemas planteados nos muestra una realidad distinta.

El poder judicial resuelve conflictos y sanciona conductas. En consecuencia, solo puede ser un eslabón más en la cadena de responsables de nuestros males, pero nunca la causa. La razón principal es la ausencia de políticas públicas para prevenir el delito, la corrupción, el desconocimiento de derechos etc. Lo mismo ocurre con la abogacía: abogadas y abogados no inventamos juicios, sino que patrocinamos a miles de personas cuyos derechos -reconocidos en nuestro sistema legal- fueron avasallados.

Abogadas y abogados no inventamos juicios, sino que patrocinamos a miles de personas cuyos derechos fueron avasallados.

Si lo que realmente se busca es una transformación profunda que devuelva al sistema de justicia credibilidad y reconocimiento social, debemos lograr instituciones fuertes que puedan resistir las presiones del gobierno de turno, los partidos políticos y los lobbies.

No existen recetas mágicas para resolver esta situación. Pero un primer paso es poner más atención en los diseños institucionales que en las personas. El sistema de nombramiento y remoción de magistrados, cuyo cargo es vitalicio, debe ser el resultado de mayorías calificadas que fuercen los consensos entre los distintos sectores. A su vez, las instituciones de la abogacía deben buscar conducciones que no se encuentren alineadas con los gobiernos de turno.

Si logramos dar un paso en este sentido, magistrados y abogados podremos ejercer nuestra profesión con mayor libertad y nuestro trabajo tendrá mayor reconocimiento. Y la sociedad se verá beneficiada con la realización de la justicia en los casos concretos.

La participación institucional es fundamental para empezar a andar este camino.