La toma de la sede de los tres poderes del Estado de Brasil muestra evidentes semejanzas con lo sucedido en Estados Unidos, cuando fue atacado el Congreso por los partidarios de Donald Trump. Junto a Jair Bolsonaro, son dos líderes políticos hiperpersonalistas que se ubican en sus países sobre la extrema derecha y que muestran poco apego por la institucionalidad. Ambos tienen entre sus partidarios a grupos extremistas con predisposición a la violencia. Tanto el estadounidense como el brasileño cuestionaron los mecanismos electorales y los resultados de sus respectivas derrotas en 2020 (Trump) y 2022 (Bolsonaro).
Pero la cuestión global es que Estados Unidos es la primera democracia de Occidente por su cantidad de votantes y Brasil la segunda. Que este fuerte cuestionamiento al funcionamiento de la democracia provenga de ambos países simultáneamente, revela un malestar importante con la política, que tiene una dimensión global además de regional.
Mirando Brasil hacia el futuro, dos años después de haber tomado el Congreso, aunque los partidarios de Trump no tuvieron el resultado deseado, hoy tienen la mayoría en la Cámara de Representantes. La reciente elección del presidente de la Cámara -un republicano moderado- mostró el fuerte peso de la minoría republicana radicalizada en el Congreso. Ello no implica que en la elección brasileña de medio mandato que tendrá lugar en los últimos meses de 2024, Bolsonaro pueda obtener un resultado similar, pero sí es claro que estas fuerzas de extrema derecha se gestan sobre fenómenos sociales, a los cuales representan. El 40% de los brasileños en los sondeos, justifican los hechos que han tenido lugar en Brasilia.
Regionalmente, Brasil es el país más grande de América Latina en cuanto a PBI, población y territorio, y su dirección política influye decisivamente más allá de sus fronteras. Medio siglo atrás, Henry Kissinger, entonces secretario de Estado de Estados Unidos, decía: "Donde va Brasil, va América del Sur". Hoy Bolsonaro no sólo representa un cuestionamiento al funcionamiento de la democracia en Brasil, sino también una disrupción en la cultura política del consenso, que hunde sus raíces en el siglo XIX.
Hacia adelante, el desafío de Lula no estará en la institucionalidad, que no está en riesgo con la breve toma de las tres sedes de los poderes del Estado, sino en la gobernabilidad de un sistema político que hoy contiene a sectores antes ajenos, como son el agro, los evangélicos y los partidarios de la "mano dura". La política ha bajado a las calles, en un momento en que Brasil enfrenta un escenario económico complejo que dificulta las políticas distribucionistas. Este desafío es el que enfrenta al mismo tiempo toda América Latina.
Las crisis que simultáneamente viven Perú y Bolivia al comenzar 2023 lo confirman. En el primero, la destitución del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre, cuando intentó cerrar el Congreso, intervenir la Justicia y convocar una Constituyente, ha iniciado una crisis que no se ha cerrado. Los partidarios de Castillo son minoría -su nivel de aprobación al momento de su destitución era del 25%-, pero están concentrados en la región de mayor influencia indígena. En los incidentes que tuvieron lugar en diciembre se produjeron 28 muertos y centenares de heridos. La presidenta Dina Boluarte, que sucedió a Castillo, se encuentra cuestionada y en los primeros días de enero las protestas se reanudaron, con 20 muertos y decenas de heridos entre policías y manifestantes, con epicentro en la región de Puno, fronteriza con Bolivia.
Desde grupos indígenas más extremistas plantean la posibilidad de un proyecto de secesión de esta región de Perú, y el expresidente de Bolivia Evo Morales acusado por el gobierno peruano de incitar la iniciativa, prohibió su entrada al país.
En Bolivia, a fines de diciembre, de regreso de una visita a Cuba, el presidente Luis Arce ordenó detener sin orden judicial al gobernador de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho -líder de la protesta contra la reelección de Morales a fines de 2019-, que gobierna el departamento que tiene el 30% de la población y produce el 70% de los alimentos del país. Arce ordenó que el Ejército participe en la represión que realiza la policía contra los partidarios de Camacho, pero los militares requirieron órdenes por escrito que nunca llegaron. En Santa Cruz de la Sierra existe también un proyecto secesionista que proviene del siglo XIX. Hay quienes ven intereses del narcotráfico en ambas crisis simultáneas.
México también muestra un riesgo de gobernabilidad, pero vinculado específicamente a la amenaza del narcotráfico. El 9 de enero, el presidente estadounidense Joe Biden visitó México -por primera vez desde que asumió- para participar en un encuentro con sus pares de México y Canadá en el marco del acuerdo comercial de América del Norte, que se va transformando en un proyecto geopolítico: "América del Norte" que tiene su frontera sur en Guatemala.
Una semana antes, el gobierno mexicano detuvo a Ovidio Guzmán -hijo del "Chapo", el narcotraficante mexicano más importante hasta mediados de la década pasada-, quien domina el tráfico ilegal del fentanillo, la droga más letal en los Estados Unidos. La captura originó la muerte de 10 militares y 19 narcotraficantes. Hubo intensos combates con decenas de heridos. La organización de Guzmán cortó numerosas rutas e impidió el funcionamiento del aeropuerto de Culiacán.
Para completar el análisis de la región, el colombiano Gustavo Petro sufrió un duro traspié, a comienzos del año, tras la firma de un cese del fuego con dos grupos disidentes de las FARC, dos grupos del crimen organizado derivados de los paramilitares, y el grupo Ejército de Liberación Nacional (ELN). Al día siguiente, este grupo mató a cuatro personas y negó haber firmado el acuerdo. Frente a esta situación, Petro se trasladó a Caracas en forma no oficial para reunirse con Maduro -Venezuela y Cuba son garantes del proceso de paz-, en busca de ayuda.
Luego se trasladó a Chile, país en el cual el presidente Boric enfrenta una crisis por el rechazo de la oposición y la Justicia a su indulto a 13 militantes de las protestas callejeras condenados judicialmente. Ello provocó una crisis que obligó a cambiar el jefe de Gabinete y la ministra de Justicia.
En este marco, la cuestión es la capacidad la gobernabilidad en la región y ello explica que el FMI manifestara su preocupación por la "agitación civil" en América Latina, como lo informó el Cronista el 13 de enero.