Haber coordinado el conjunto de decisiones económicas que propuso Martín Guzmán para revertir las pobres expectativas que despierta la gestión de Alberto Fernández ha sido un avance destacable para el Poder Ejecutivo. No tanto por las medidas en sí, sino por la posibilidad de salir del punto muerto en el que se encontraban varias de ellas, atrapadas en el internismo del Frente de Todos. No hablamos de un gobierno que tiene a su disposición todo el abanico de respuestas que ofrece la teoría económica. Hablamos de una coalición en la que la restricción política es tan grande que se duda, como hecho normal, que un ente público ejecute la orden de un secretario o de un ministro, solo porque sus responsables responden a diferentes líderes del FdT. En ese marco, que el BCRA suba 300 puntos básicos la tasa de interés o que se habilite un aumento del gasoil de entre 12% y 20%, son hechos que no hay que pasar por alto. Lo mismo sucede con la firma del contrato a favor del grupo Techint para destrabar el gasoducto de Vaca Muerta. O que se ponga en marcha la segmentación de tarifas de luz y gas con un esquema diferente al que impulsaba el kirchnerismo. Si se comparan estas iniciativas con la dispersión de esfuerzos del pasado, hay un avance. Si se mide la profundidad de alguna de ellas, o el tiempo que se le asignan para que sean efectivas, la evaluación es otra. Guzmán y Miguel Pesce, el titular del Banco Central, tienen que resolver dos asignaturas complejas e interconectadas: reducir la inflación y acumular más reservas. Los precios pueden subir por varias causas, como le gusta decir al ministro, pero en la Argentina nadie duda de que su ancla es fiscal. Cuando la curva de gastos crece y se aleja de los ingresos, la percepción de que emitir moneda es la única forma de cubrir esa brecha, anticipa decisiones de cobertura. En el mercado financiero eso se produce por la dolarización de activos y en el mundo de la producción, por la indexación de los stocks. El Gobierno puso en marcha un esquema de tarifas de luz y gas que incluyen aumentos moderados. El deseo de Guzmán ya no es generar un ahorro, sino al menos no incrementar más el gasto. Según el equipo económico, con la suba al 10% de usuarios de ingresos altos se recortarán $ 15.000 millones. Poco y nada. Las retenciones generaron más de $ 30.000 millones solo en mayo. La respuesta oficial a las dudas fiscales se apoya en el único sendero que Guzmán tiene para recorrer: si no puede haber más financiamiento del BCRA, entonces acudirá al mercado a buscar mayor endeudamiento en pesos, pero a plazos más largos. Es una hipótesis que el ministro considera factible. Pero deberá hacer algún esfuerzo más para que los inversores se pongan de su lado.