Con la llegada de junio se abrirá paso la primera revisión del acuerdo número 23 de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La fecha de corte que marca la evaluación es el viernes 13 y los mensajes del Gobierno probaron ser mixtos sobre la necesidad de cumplir con los u$s 5000 millones que se deberían acumular. Públicamente, las declaraciones oficiales sostienen que no es necesario cumplir con la meta de acumulación de reservas en esta primera revisión. Por otra parte, desde el Gobierno también aclaran que las reservas están, porque cuentan con los dólares que envió el FMI. Pero más allá de la revisión de junio, está el pago a bonistas de mitad de año, para el que el propio BCRA reconoció que todavía falta comprar los dólares. Es el punto que inquieta al mercado. Con la emisión del Bonte 2030 del miércoles pasado que logró captar u$s 1000 millones, el equipo que dirige Luis Caputo buscó mostrar que puede conseguir divisas y que existe cierto interés en los inversores extranjeros, aunque la tasa de financiamiento es alta. En tanto el Gobierno reitera que no comprará dólares si no es en el piso de la banda, en $ 1000. Con la cotización en $ 1150, los economistas marcan que la acumulación "seguirá siendo nula". Si aprueba la primera auditoría, la Argentina recibirá un nuevo giro por u$s 2000 millones del Fondo Monetario, tras el desembolso inicial de u$s 12.000 millones. Puertas adentro, tanto en el Gobierno como en el organismo reconocen que la meta de reservas que importa es la anual y que no habría mayores inconvenientes si no se cumple la del primer trimestre a revisar. Sin embargo, no es una buena señal arrancar un nuevo programa pidiendo una dispensa o "waiver", como se lo conoce en el mercado por su término en inglés al "perdón" que puede otorgar el FMI cuando alguno de los puntos pactados no se cumple. Por otro lado, el Fondo no mostró mayores reparos con el plan del Gobierno para captar los dólares del colchón. Y si bien advirtió que se deben cumplir con los acuerdos internacionales -los que Argentina se comprometió mantener en el programa de Facilidades Extendidas- contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas, fue la misma Kristalina Georgieva la que planteó el beneficio que tendría la economía si se volcaron los más de u$s 200.000 millones que están en la informalidad. La letra chica de la rimbombante "reparación histórica del ahorro de los argentinos" todavía no está. Los bancos esperan definiciones de la UIF y seguirán realizando reportes de operaciones sospechosas hasta tanto. Tampoco se presentaron los proyectos prometidos para el Congreso. La remonetización, por ahora, no arrancó. Pero todavía quedan recursos a los que Economía puede apelar, como nuevos desembolsos de los bancos multilaterales de crédito, que cuando se firmó el acuerdo prometieron u$s 22.000 millones en el transcurso de tres años para reforzar financiamiento de políticas públicas y para el sector privado. En ese marco, el Gobierno avanzó destrabando obras energéticas, lo que también dinamiza de cara a la campaña electoral. El margen para incumplir la meta de acumulación de reservas con el Fondo Monetario en el primer trimestre existe. Pero nadie que escuchar -ni pronunciar- la palabra "waiver".