En la lista de prioridades del Gobierno, hay una que sobresale y condiciona al resto: cumplir con las todas condiciones acordadas para que fluya la asistencia financiera del FMI. Está claro que los decretos de recorte de gasto anunciados ayer eran una movida destinada a cambiar la percepción de los inversores externos, y al menos ese paso se logró. Con mejores noticias en Turquía, los bonos argentinos se recuperaron y el riesgo país se estabilizó. La licitación de Letes también hizo lo suyo: aunque el monto tomado fue bajo en comparación a toda la liquidez que había en el mercado tras el desarme de Lebac del día previo, sirvió para mostrar que hay canales de financiamiento abierto y que en las últimas 48 horas se resolvieron (entre ahorros proyectados y nueva deuda) cerca de $ 90.000 millones. Del alerta rojo que creó la prima de riesgo arriba de 700, se pasó a uno naranja.
Con este telón de fondo, queda a la vista que al Banco Central que comanda Luis Caputo no tiene el foco puesto en la inflación de la misma manera que su antecesor. La tasa perdió relevancia como disciplinador de expectativas. El estímulo que representaba para absorber pesos se alteró con el prometido fin de las Lebac. La tasa de referencia (hoy en 45%) es un indicador para los bancos, pero tiene menos efecto sobre el ahorrista, que sigue propenso a dolarizarse.
Las subas de tarifas pendientes (donde manda la reducción del subsidio, como pasa con el transporte) y el traslado de la última suba del tipo de cambio anticipan inflación anual superior a 30%. El Gobierno sabe que tiene pocas chances de moderar esa suba (por eso el techo de la meta con el FMI es 32%) y que tendrá impacto en el nivel de actividad. Pero no parece abocado a ese problema. Da la sensación de que no aplicará remedios adicionales hasta que no baje la inflación financiera que causó la segunda corrida contra el peso. A las empresas les preocupa cómo cae su demanda, porque no todas pueden compensar con exportaciones. Ni hablar de lo complejo que les resulta financiarse a 45%.