Al cabo de un proceso de indefiniciones iniciales, el Gobierno optó finalmente por convocar al Congreso de la Nacióna sesiones extraordinarias. La decisión no exenta de riesgos, cuyo primer efecto ha sido el desencadenamiento de la agenda política de un año electoral, con su secuela de conflictos internos y externos, hasta ahora soterrados. Las tensiones son lógicas, ya que el proceso político que se abre será decisivo para la suerte política del Gobierno y, en general, para la supervivencia de la mayoría de las coaliciones políticas nacidas en los últimos años. Los riesgos son importantes, aunque no insuperables. Todo dependerá de la voluntad de propios y extraños de alcanzar niveles de convivencia que permitan consolidar los avances del ajuste económico y abrirlo a un proceso indispensable y urgente de reformas estructurales. El discurso inaugural de Donald Trump anuncia cambios radicales en la economía global, que dejan márgenes mínimos para las iniciativas dogmáticas de los economistas de uno u otro signo. Esto repercutirá en la política y obligará a niveles de concertación que la clase política tanto vieja como nueva estaba muy lejos de prever. La agenda de Extraordinarias parece lejos de los niveles de necesidad y urgencia que se esperaba. Incluye temas que bien podrían haber aguardado mayor trabajo en comisiones y mejor foco en los problemas inmediatos. De allí que al menos en los primeros días, no ha bastado para alterar el clima de vacaciones que sigue viviendo el Congreso. El menú convocado integra, en efecto, proyectos forzados, aun no terminados, que hubieran requerido información técnica actualizada. Se trata de campos cuya importancia desborda las posibilidades de la aritmética parlamentaria. Exigen no solo mayores consensos. Demandan sobre todo reformas instrumentales de segunda y tercera generación, fuera al menos por ahora de las posibilidades de un gobierno concentrado en consolidar los avances del ajuste. Tarea que desborda tanto al Gobierno como a su actual oposición. La pregunta central que plantea la agenda escogida tiene que ver precisamente con la naturaleza de las cuestiones que plantea y con los problemas que ofrece el trámite parlamentario extraordinario. El país vive urgencias perentorias en el campo económico y social que, por su importancia solo pueden prosperar en un ámbito de acuerdos hacia el largo plazo. El corazón de la agenda es, sin duda, la reforma electoral, un proyecto de muy alta complejidad en la medida que aspira a la eliminación del régimen electoral vigente, no solo en su dimensión especifica de regulación electoral, sino sobre todo en sus aspectos económicos. Ambos aspectos están, por cierto, profundamente vinculados. Nuestro sistema de financiamiento de la política ha llegado a ser uno de los más opulentos del mundo, en la medida en que pretende financiar no solo los costos de funcionamiento del sistema electoral. Busca también hacerse cargo del funcionamiento entero de la vida interno de todas las fuerzas políticas, cualquiera sea su importancia política. Una extravagancia costosísima, que ha dado lugar a un invento argentino único, singular e irrepetible a nivel comparado. Es probable que la eliminación de las PASO llegue a contar con apoyos más que suficientes. Los efectos negativos de la experiencia son evidentes y hoy por hoy solo la defienden un puñado mínimo de candidatos, además un grupo cada vez menor de beneficiarios directos, tanto dentro como fuera del negocio más bien económico del procedimiento electoral. La propuesta sobre financiamiento tropezara en cambio con seguras dificultades. La política tradicional jamás acepto retroceder en los avances logrados desde los comienzos del sistema a principios de los años 60. En 1999 logro incluso su inclusión expresa en el texto del actual art. 38 de la Constitución Nacional. La eliminación de financiamiento requerirá una reforma constitucional o al menos un acuerdo transitorio para suspenderlo "por única vez", una alternativa que tampoco desagradaría del todo a la administración Milei, tan interesada como cualquier en retener esa curiosa anomalía institucional que es el papel superlativo del Ministerio del interior en la administración del proceso electoral. Otra parte sustancial del programa de Extraordinarias intenta abordar un conjunto de leyes penales federales, inspiradas por similar espíritu de innovación experimental. Las leyes parten del supuesto ideológico y muy poco verificables de la supuesta amenaza del "crimen organizado" en el caso argentino. La recepción de las "legislaciones antimafia" generalizadas en otros países, supone en efecto la existencia de mafias, en el sentido que la expresión adquiere en casos arquetípicos como los del Mediterráneo y algunos países de Europa del Este. En este punto el Gobierno vuelve a pecar de apresuramiento y cede ante el atractivo retorico del populismo punitivo. Tal como están las leyes solo permitirán actuar ante formas menores de crimen organizado. Considerar "mafias" a las bandas de delincuentes de los asentamientos marginales de los conurbanos bonaerense o rosarino -con todos sus dirigentes ya con condenas de por vida dictadas por la justicia ordinaria y en función de la legislación vigente- es sin duda un exceso, tal como lo demuestra entre otras, la experienciaitaliana. En este, como en muchos otros puntos, los remedios apresurados solo pueden coincidir a pérdidas aún mayores en la confianza del sistema de la protección penal. Cabe por ello insistir una vez más en el hecho de que la sociedad sigue esperando una propuesta sólida en el campo de la prevención de la inseguridad y la violencia. La sociedad no demanda tanto eficiencia en la respuesta punitiva como políticas de prevención que ataquen las causas de la inseguridad y la violencia. Es decir, reclama sobre todo una presencia institucional mucho más activa frente a los factores criminógenos más importantes. Lo que urge es asumir con responsabilidad condiciones sociales que favorezcan la seguridad y el control de riesgos y esto no es, por supuesto materia de competencia de jueces, fiscales, policías o fuerzas militares movilizadas. La cuestión se agrava en cuanto se advierte que, a la hora de asumir la reforma penal, el Estado nacional sigue pensando desde la óptica estrecha y acotada de la justicia federal, sin tener en cuenta que "un abordaje integral" como el que se pretende supone la articulación con 24 realidades jurisdiccionales muy diferentes, con sistemas de procedimiento penal propio. Son todos campos que deberían ser objeto de la atención ordinaria de lostres poderes. La calificación de "extraordinarias", puede sugerir la impresión de que la convocatoria busca en realidad otros propósitos y objetivos no declarados. Es posible que, en algún punto el Gobierno sienta la necesidad de gravitar hacia el centro del sistema democrático en su versión republicana, es decir hacia el núcleo del sistema de frenos y contra pesos entre los tres poderes. Si es así, es posible que la convocatoria a extraordinarias ofrezca la ventaja de la calidad de los procedimientos genere la confianza necesaria de una sociedad desconfiada ante el voluntarismo de las propuestas.