Para desinflacionar a un país, especialmente en casos como el de la Argentina, en donde el Gobierno de Javier Milei heredó una inflación mensual del 25% en una situación muy cercana a la híper; resulta esencial enfriar sustancialmente a la economía real. Lo que se busca con la retracción de la actividad económica es frenar el exceso de demanda y que dicha dinámica contractiva genere una presión descendente en la tasa de expansión de precios. Esta es la realidad que le tocó enfrentar al actual Gobierno y los costos que estamos observando en términos de retracción de actividad económica son muy altos, pero a la vez, obvios, indispensables e inevitables. En primera instancia, es una pésima idea inflacionar a un país porque los costos asociados a su corrección terminan siendo altísimos y los argentinos nos pasamos los últimos ochenta años casi sin excepción cometiendo una y otra vez el mismo error. Una de las grandes víctimas de la inflación crónica es el crecimiento sostenido, otro gran ausente de la economía argentina que explica el notable salto en los niveles de pobreza. Simplemente, en un contexto inflacionario no se puede vivir, no se puede prosperar y no se puede invertir. Desterrar a la inflación como prioridad número uno es la antesala a todo lo demás y ese pareciera haber sido el diagnóstico del equipo económico. Esta realidad de sumo recalentamiento de precios es la que aproximadamente se viene viviendo en la Argentina desde enero 2024 y, si bien los avances en materia inflacionaria han sido impensadamente formidables, también es cierto que todavía estamos a mitad de camino para una economía que ya lejos está de inflacionarse mensualmente al 25% y se acerca con velocidad al quiebre del 10% y hacia abajo, lo cual es una excelente noticia. Dado que en la Argentina el mercado de capitales es muy limitado, intentar doblegar a la inflación mediante subas en las tasas de interés probablemente no funcione y, de esta forma, los países que presenten situaciones similares a nuestra nación deben ir por una contundente retracción en los saldos monetarios reales, tal es el caso para lo actuado recientemente por el equipo económico. Frente a una economía que a inicios de año se inflacionaba al 25% mensual, la decisión de no emitir pesos ocasionó una formidable reducción en los saldos monetarios reales en un proceso sumamente irónico en el sentido que la desinflación futura se ocasiona precisamente por la inflación actual, la cual ante un entorno de no emisión de pesos carcome formidablemente la oferta monetaria real generando de esta forma, una notable caída en los saldos monetarios. Obviamente esta reducción en saldos monetarios reales es el gran contribuyente a la disminución de la tasa a la que crecen los precios, pero a la vez será un gran contribuidor a la significativa recesión que deberá soportar la economía Argentina por los próximos meses, al menos hasta que el problema inflacionario se haya mitigado totalmente como bien podría ser el caso hacia el cierre del 2024 y/o inicios de 2025. También es cierto que Argentina tiene un sistema electoral muy cortoplacista en el sentido en que el presidente de turno, a poco de asumir, debe hacer frente al veredicto de las elecciones legislativas, las cuales ocurrirán aproximadamente a mediados del 2025. Se hace casi imposible intentar ganar una elección en contextos recesivos de manera tal de que, probablemente, el plan del equipo económico haya sido desde inicio ejercer una formidable reducción de oferta monetaria real entendiendo que la misma condenaría a la economía argentina a una fortísima recesión, pero intentando a la vez con dicho proceso maximizar la velocidad a la que se desinflacionarían los precios, lo cual pareciera que viene funcionando muy bien. En este contexto es razonable imaginar para el 2025 que nuestra economía haya vencido su principal drama, la inflación, y que el gobierno intente ir por su segundo dilema: reactivar una economía que hace más de diez años no puede crecer sostenidamente. Resulta inverosímil utilizar el concepto de crecimiento para el 2025, en el mejor de los casos la economía argentina podría tener un fuerte rebote económico y, con dicho escenario, el Gobierno podría encarar las legislativas del 2025 con dos resultados muy favorables: "desinflación" y "expansión económica". Si bien en este país el electorado tiene una tendencia a confundir rebote económico con crecimiento, los mismos son conceptos totalmente distintos. Es imposible hablar de un proceso de crecimiento sin una modificación total del sistema regulatorio argentino, aspecto que probablemente solo se va a conseguir cuando este gobierno logre, si es posible, la mayoría en el Congreso que le permita ir por los cambios de fondo. Pero en esa realidad tenemos el dilema del huevo y la gallina: para lograr mayoría en el Congreso es necesario ganar las legislativas y para ello es indispensable mostrar una economía que se desinflaciona y reactiva a la vez. Por lo tanto, es razonable imaginar un gobierno que intente desinflación en 2024, rebote en 2025 y una reforma contundente del sistema regulatorio argentino para que a partir de dicho evento pueda poner a la Argentina en un sendero de crecimiento sostenido, uno que nunca debió abandonar desde 1945.