Es muy difícil aceptar que sea razonable que aún hoy, después de tres meses de haber iniciado un aislamiento social como respuesta a la pandemia del Covid-19 y pese a diversas flexibilizaciones, especialmente en el interior del país, el AMBA esté sujeto a una cuarentena bastante estricta.
La estrategia del gobierno según su explicación oficial en marzo, comprendida y compartida ampliamente por la población entonces, fue que el aislamiento social estricto era necesario “para aplanar la curva de contagios , para así ganar tiempo para preparar el sistema de salud frente al pico de contagios (postergado y suavizado por el distanciamiento social), incorporando insumos (respiradores y camas de terapia intensiva –UCI de aquí en más–, personal especializado, elementos de protección de profesionales expuestos, etc.).
No se explicó entonces que también era necesario incorporar capacidad de testeo PCR y de seguimiento de casos detectados y contactos cercanos, pero ello siempre fue cuanto menos un secreto a voces al observar el resto de las experiencias internacionales.
Porque, claramente, el aislamiento social estricto debía ser temporario, para ganar tiempo, para estar preparados para ingresar en una segunda etapa de convivencia con el virus, donde las restricciones y cuidados intensivos “ex-ante –de haber identificado a los contagiados– se concentraran en las instancias y personas de muy alto riesgo (limitando aglomeraciones y la congestión del transporte público, exigiendo aislamiento estricto a quienes ingresan al país, asistiendo en particular a la población de mayor riesgo por edad, enfermedades preexistentes, etc).
Uno de los “etcétera más importantes seguramente sea mantener informada a la población respecto de la situación epidemiológica y sanitaria, no sólo aportando consejos y regulaciones de higiene y cuidados de distanciamiento más efectivos sino también asegurando suficiente concientización sobre los riesgos individuales y conjuntos que representa la pandemia.
Esta información resulta fundamental para ordenar las conductas individuales: cuando la percepción del riesgo de contagios y de su gravedad frente al riesgo de una insuficiente atención sanitaria sea la correcta, el aislamiento y acentuación de cuidados y distanciamiento social espontáneos y voluntarios seguramente ayuden a suavizar la curva de contagios.
La regulación pública entonces debería concentrarse en permitir y fomentar que las personas puedan tomar las decisiones correctas (reglamentando home-office, horarios de trabajo y uso del transporte público de otra forma congestionado, etc.), reservando nuevas intervenciones más restrictivas y generalizadas (nuevas cuarentenas en el extremo) en caso de verificar que existe un riesgo inminente de un colapso del sistema de salud a pesar de los recaudos previos.
En este momento, sin embargo, el país asiste a una discusión pública donde, con respecto al AMBA, las opciones son extender la cuarentena vs avanzar hacia una flexibilización mayor sin la garantía de contar con instrumentos suficientes para el testeo y seguimiento de los nuevos casos (un control “ex–post , posterior a la detección de los contagios). Una disyuntiva particularmente difícil, claro, sobre la cual deberán asignarse las responsabilidades políticas oportunamente.
Mientras tanto, es muy lamentable que la información pública provista sea tan deficiente como lo ha sido hasta aquí. Distintas autoridades sanitarias, de distintas jurisdicciones, al ser interrogados por la prensa o de manera siempre informal, hacen referencia a la distancia que existe para agotar la capacidad del sistema sanitario sin informar con mínima precisión cuál es la capacidad del sistema de salud ni muchos otros elementos cruciales.
Al momento, y para ello basta revisar las páginas web oficiales y la información periodística en Internet, coexisten datos de distinta fuente que difícilmente sean consistentes entre sí, producto de la falta de información pública clara sobre la cantidad de camas UTI y respiradores artificiales en cada jurisdicción, la ocupación de esas camas por pacientes con distintas patologías (mínimamente, con Covid-19 y otros), la extensión promedio de internación de los pacientes con Covid-19, la efectividad de cada tratamiento, etc.
Así, por ejemplo, periodísticamente se informa la existencia de 4660 UCI en PBA, pero los datos extraoficiales indican 3174 UCI en esa jurisdicción (70% de la cual estaría localizada en partidos del GBA); al 17 de junio, según informan en sus partes orales diarios los representantes del Ministerio de Salud de la Nación, habría 345 UCI ocupadas por Covid-19 a nivel nacional, mientras que según datos también oficiales en el sistema público de CABA hay 146 UCI ocupadas por pacientes con Covid-19 contabilizando sólo el sistema público, y según datos periodísticos habría 174 internados por Covid-19 en la PBA (lo cual indicaría, si estos datos fueran ciertos, que en el interior del país y en las clínicas privadas de CABA hay una ocupación adicional por Covid-19 de 20 UCI, una conclusión imposible de arribar por cuanto ese número sería alcanzado sólo con los internados en el interior del país).
Aparecen referencias sobre internaciones en UCI por Covid-19 con una duración mayor a 25 días, cuando según varios elementos de juicio obtenidos de la práctica internacional es perfectamente razonable considerar que una internación promedio por Covid-19 puede rondar los 15 días (siendo poco frecuentes, y de muy mal pronóstico, las internaciones que superan los 25 días).
Por último, pese a la evidencia doméstica en cuanto a que el porcentaje de contagios activos que requieren internación en UCI ronda actualmente el 1,5% (tomando como ciertos los datos oficiales), las proyecciones públicas y privadas frecuentemente continúan suponiendo una internación crítica del 5% de los contagios detectados (similar a la incidencia observada domésticamente en el mes de abril y coincidente con las perspectivas o recomendaciones internacionales previas a la recolección de información aplicable en nuestro país –potencialmente muy distinta a lo observado meses atrás o en otras experiencias según sea la evolución de la calidad de tratamiento, la edad promedio de los contagios, etc.).
El siguiente cuadro ilustra las conclusiones alcanzables bajo distintos parámetros (por simplicidad, suponiendo que habrá flexibilidad –logística y política– para trasladar pacientes críticos a lo largo y ancho del país en caso de ser necesario, considerando el total a nivel nacional, y que las restricciones de oferta no provienen de la falta de personal especializado u otros insumos para operar UCI): partiendo de unos 1300 nuevos contagios diarios detectados, con un crecimiento diario del número de casos acumulados del 4,6% (equivalente a una duplicación cada 15 días), es posible calcular cuántos días faltan para que la demanda de UCI alcance a la oferta disponible, bajo distintos supuestos sobre 1) cuántas UCI hay para atender pacientes con Covid-19, 2) el porcentaje de los nuevos contagios que requerirá internación en UCI, 3) la extensión media de tales internaciones críticas, y 4) una eventual aceleración del crecimiento de los contagios diarios.
En la columna (1) se presenta el cómputo más optimista (suponiendo que 60% del total de UCI existentes están y estarán disponibles para la atención de pacientes con Covid-19, con 2% de los nuevos contagios requiriendo internaciones en UCI durante 15 días en promedio), según el cual restan 69 días hasta agotar la capacidad ociosa existente (lo cual exigiría esfuerzos para reducir o incluso eliminar el crecimiento de contagios dentro de unas 8 semanas a más tardar, anticipando la inercia que tiene el crecimiento de los contagios sólo detectados con una semana de rezago); según dicha estimación, el número de contagios diarios superará los 27.000 (¡20 veces mayor al nivel actual!) cuando el sistema de atención crítica colapse. En las siguientes columnas se adoptan supuestos progresivamente más pesimistas, y obviamente el resultado es un acortamiento del tiempo hasta la colisión.
¿Cuál de estas proyecciones es más certera? ¿No hay, incluso en la proyección más optimista, un sesgo hacia una sobreestimación de la demanda de atención crítica debido a que en parte el crecimiento del número de casos detectados responde a un cambio de estrategia de testeo, plan Detectar mediante, lo que queda en evidencia por cuanto el número de fallecimientos crece a una tasa diaria de sólo el 3,3%, requiriendo –al igual que la ocupación de UCI por Covid-19–más de 20 días para su duplicación?
Dado que es económica, social y políticamente inviable sostener un aislamiento estricto (en el AMBA) por varios meses, ¿no deberíamos intentar un cambio de estrategia ya mismo, antes de acercarnos demasiado a la capacidad máxima del sistema de atención sanitaria, para eventualmente poder retroceder sin haber causado un colapso del sistema?
Si ninguna de estas proyecciones es suficientemente creíble, obviamente, las conductas individuales –y las decisiones políticas– carecen del insumo primordial para calcular el riesgo de colapso del sistema. Así, dada la pobre información pública disponible respecto de la capacidad y características de la ocupación de las UCI en cada jurisdicción del país, prácticamente cualquier estimación es posible, permitiendo habilitar discursos muy distintos, incluso los que impiden siquiera razonar y cuestionar hacia dónde vamos.
Frente a la desinformación, la condena a la cuarentena eterna (entiéndase, por 3 meses más al menos) queda a un paso de distancia.
