El Poder Ejecutivo abrió ayer una línea de financiamiento para doce provincias, destinada a oxigenar sus vencimientos de deuda y otros compromisos de caja. La oferta consiste en un adelanto de coparticipación de hasta $ 400.000 millones (algo menos de u$s 300 millones para cada una), a completar bajo condiciones razonables (15% anual sobre saldos) si se lo compara con el costo que paga el sector privado para obtener pesos.
La medida, habilitada con las firmas de Milei y Caputo, puede ser considerada como una decisión “creativa” dentro de los límites que la ortodoxia fiscal suele marcarle al Gobierno. No es una respuesta original, ya que es un recurso ya probado, pero en esta ocasión la propuesta llega a más provincias, incluyendo algunas no amigas pero muy necesitadas como La Rioja (la única que entró en default) y Tierra del Fuego, que enfrenta pagos de deuda altos, al igual que Chaco.
Más allá de evitar impagos que sumen ruido al riesgo soberano, el auxilio ofrecido es multipropósito, ya que aceita el vínculo con los gobernadores en momentos en que vuelve a sesionar el Congreso (mañana Diputados intentará aprobar la ley de Glaciares) y aporta recursos a distritos que pueden convertirse en gasto corriente.
A Caputo no lo afectan en lo fiscal, ya que solo adelanta fondos que son de las provincias (es un giro a cuenta de coparticipación futura, a cancelar antes de diciembre). Si ese dinero va a proveedores y empleados públicos, ayudará a recomponer actividad y aliviará la cadena de pagos.
No es la única respuesta que se aparte del molde libertario estos días. El anuncio de YPF (acompañado por otras petroleras) para acolchonar el precio de las naftas durante 45 días y los créditos del BNA para pymes a 25% reflejan que hay un interés por ayudar a la mano invisible del mercado. Veremos hasta dónde llega.