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El Gobierno Nacional expidió un decreto mediante el cual se autoriza un incremento salarial del 7% para los empleados públicos, ajuste que se aplicará de manera retroactiva desde enero de este año y que será liquidado oficialmente en las nóminas de noviembre.
Con esta decisión, más de 1,2 millones de trabajadores estatales —entre docentes, personal administrativo, Fuerza Pública, rama judicial y entidades del orden nacional— verán un aumento significativo en sus ingresos mensuales y en los retroactivos acumulados.
El ajuste fue estructurado con base en el comportamiento del IPC del último año y en las negociaciones adelantadas entre el Gobierno y las principales centrales sindicales. Según fuentes oficiales, la decisión se tomó con el objetivo de proteger el poder adquisitivo del sector público frente al aumento del costo de vida.
¿Cuánto ganarán los empleados públicos tras el aumento del 7%?
El reajuste impactará todos los niveles salariales del Estado. Por ejemplo:
- Un funcionario que ganaba $2.200.000 pasará a recibir cerca de $2.354.000 cada mes.
Dependiendo del cargo y la antigüedad, los retroactivos acumulados desde enero pueden superar los $600.000, que serán desembolsados en la nómina de noviembre.
El incremento incorpora un componente adicional negociado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales para equilibrar el efecto de la inflación y evitar una pérdida del salario real. Con esto, el Ejecutivo busca sostener un ritmo de recuperación salarial gradual en medio del ajuste fiscal vigente.
¿El aumento también cubre viáticos, bonificaciones y subsidios?
Sí. El decreto incluye la actualización de viáticos, bonificaciones, primas y subsidios, de manera proporcional al aumento salarial. Esto significa que los funcionarios que realizan desplazamientos oficiales, quienes reciben primas técnicas, gastos de representación o pagos especiales, también verán un incremento en esos rubros.
Desde el Ministerio de Hacienda señalaron que el ajuste implica “un esfuerzo fiscal importante”, pero que es necesario para garantizar la estabilidad económica de miles de familias que dependen del empleo público.
¿Cómo se negoció el aumento entre el Gobierno y los sindicatos?
La definición del reajuste fue el resultado de una mesa de negociación que sesionó durante semanas, en la que participaron el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda y las principales centrales sindicales del país.
En total, se revisaron más de 90 solicitudes sectoriales, incluidas peticiones sobre nivelación salarial, carrera administrativa y condiciones laborales.
Las organizaciones sindicales celebraron el incremento, aunque resaltaron la necesidad de continuar el diálogo para avanzar en reformas estructurales del empleo público y en la consolidación de una política salarial unificada para todas las entidades.
¿Qué pasará con el aumento salarial en 2026?
El acuerdo firmado incluye una fórmula preestablecida para el próximo año con el fin de dar estabilidad y previsibilidad. En 2026, los empleados públicos recibirán un incremento equivalente al IPC del 2025 más un 1,9% adicional, lo que garantiza que el ajuste no dependa de renegociaciones complejas ni de decisiones tardías del Ejecutivo.
Esta estrategia busca evitar conflictos laborales, asegurar un marco claro para la evolución salarial y fortalecer la capacidad adquisitiva del sector público a mediano plazo.
