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En los Estados Unidos, la visa ya no sería sinónimo automático de permanencia. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó una norma que cambiaría el régimen actual de estancia vinculado al programa académico o profesional. La iniciativa fija plazos y exige trámites adicionales para prórrogas y extensiones.
El cambio opera sobre las categorías F, J e I, y afectará a estudiantes universitarios, visitantes de intercambio y representantes de medios. La propuesta ya está publicada para comentarios y prometen que habrá revisiones adicionales.
Los EE.UU. propone limitar duración de visas para estudiantes, periodistas y visitantes de intercambio
Según el documento oficial, el Gobierno planea sustituir la figura de "duration of status" por periodos cerrados: F y J quedarían autorizadas hasta la duración del programa, con un máximo de cuatro años; las estancias para periodistas (visa I) se acotarían a 240 días -y a 90 días en el caso de periodistas chinos.
Además, los estudiantes de posgrado tendrían solo 30 días para salir del país después de terminar su programa (antes eran 60). Los programas de inglés se limitarían a 24 meses y cambiaría la forma de solicitar extensiones: ahora deberán tramitarse con USCIS.
Los EE.UU. busca imponer límites más estrictos a las visas de estudio, intercambio y periodismo
El Departamento de Seguridad argumenta que la medida busca mejorar la supervisión y evitar abusos del sistema. En su comunicado oficial, el DHS sostiene que el nuevo esquema permitirá controles periódicos y mayores verificaciones.
La propuesta abre una ventana pública de comentarios por 30 días y revive una iniciativa similar de 2020. Medios especializados resumen que el impacto podría ser amplio: se calcula que millones de no inmigrantes se verán implicados y que el proceso implicará trámites y posibles entrevistas adicionales.
Lo que pagarán universidades, estudiantes y periodistas
El texto del proyecto incluye estimaciones económicas. DHS calcula que, sobre diez años, los costos anualizados oscilarían entre $390.3 millones y $392.4 millones, considerando tanto partes de los EE.UU. como extranjeras. Eso incluye costos administrativos y de adaptación para instituciones y solicitantes.
Por eso, las universidades y los programas de intercambio advertirán sobre mayor carga administrativa. Las prórrogas y las nuevas exigencias podrían traducirse en más tasas, trámites y demoras que afectarán matrículas y proyectos de investigación.
