En Colombia, la normativa sobre herencias define cómo deben repartirse los bienes tras el fallecimiento de una persona. Cuando existe un testamento válido, este documento prevalece sobre otras formas de distribución, aunque puede ser impugnado si se comprueba que el testador no estaba en pleno uso de sus facultades mentales al momento de elaborarlo. Si el testamento es invalidado por la justicia, el proceso pasa a regirse por la sucesión intestada. En este escenario, es la ley la que establece quiénes son los herederos y qué porcentaje les corresponde, dejando sin efecto la voluntad expresada previamente por el fallecido. En el contexto de la legislación colombiana, un testamento puede ser considerado inválido si se demuestra que el testador: Cuando no existe un testamento válido, la legislación establece que los bienes del difunto se distribuyan de acuerdo con las disposiciones de la sucesión intestada. En este proceso, el Código Civil determina un orden de herederos: En consecuencia, es esencial que las partes implicadas en un proceso sucesorio obtengan asesoría legal, para que la distribución del patrimonio se lleve a cabo conforme a lo estipulado por la normativa colombiana. Si un testamento es invalidado, la voluntad manifestada por el difunto pierde validez y la distribución de los bienes se efectúa de acuerdo con lo que establece la ley. Esta situación puede dar lugar a conflictos entre los familiares, especialmente cuando el documento contenía cláusulas que otorgaban beneficios particulares a determinadas personas.