El repunte de la inflación en enero volvió a mover el tablero económico y político en Colombia. Con una variación mensual que sorprendió a los mercados y a los hogares, el Gobierno quedó en el centro de los cuestionamientos, especialmente por el aumento del salario mínimo. Ante ese escenario, el presidente Gustavo Petro salió a dar una señal clara: aseguró que el alza del llamado “salario vital” no fue el detonante del encarecimiento del costo de vida y que el problema estuvo, principalmente, en el precio de los alimentos. Según el mandatario, los productos de la canasta básica —en especial los de origen agrícola— fueron los que empujaron la inflación de enero. En su mensaje, Petro sostuvo que el comportamiento de rubros como la carne, el café, la papa, el tomate y la yuca tuvo más peso que cualquier ajuste salarial, y que detrás de esas alzas hay factores climáticos, estacionales y de exportación que van más allá de una decisión del Ejecutivo. Para el presidente, el incremento del salario mínimo decretado para este año no tuvo un impacto directo en los precios de enero. Petro sostiene que el mercado laboral y el consumo no reaccionan de manera inmediata a un ajuste salarial y que, por el contrario, el aumento de ingresos en los hogares suele tardar semanas o meses en reflejarse en la demanda. En su análisis, el Gobierno defiende que el salario “vital” busca sostener el poder de compra de millones de trabajadores que ven cómo los precios de los alimentos suben más rápido que otros bienes. Bajo esa lógica, Petro insiste en que desmontar el salario mínimo elevado no frenaría la inflación, pero sí golpearían el bolsillo de quienes viven del ingreso básico. El jefe de Estado puso el foco en la comida. De acuerdo con su mensaje, la inflación de enero estuvo empujada por tres frentes principales: el encarecimiento de la carne por el aumento de exportaciones, el comportamiento del café en los mercados internacionales y los ciclos estacionales de cultivos como la papa, el tomate y la yuca. A esto se suma un contexto climático complejo. Las lluvias intensas en regiones como el Caribe, el Chocó y el norte de Antioquia han afectado cosechas, vías y cadenas de abastecimiento, lo que termina presionando los precios en plazas de mercado y supermercados. Para Petro, ese fenómeno explica por qué la comida subió incluso antes de que el nuevo salario mínimo pudiera tener efecto real en la economía. Petro conectó directamente la inflación de los alimentos con la crisis climática. El Gobierno viene advirtiendo que las lluvias extremas y los frentes fríos han dejado miles de hectáreas bajo el agua, afectando la producción agrícola y la oferta de alimentos en varias regiones. Menos cosechas, más costos de transporte y problemas logísticos se traducen en precios más altos para el consumidor final. Por eso, el presidente sostiene que el debate no puede limitarse al salario mínimo, sino que debe incluir una mirada estructural sobre cómo el clima está golpeando la seguridad alimentaria y el costo de vida en Colombia. En medio del ruido político, el presidente aseguró que hay sectores que buscan que el Consejo de Estado y otras instancias judiciales frenen o desmonten el salario mínimo decretado. Desde la Casa de Nariño ven ese movimiento como un intento de debilitar una de las principales apuestas sociales del Gobierno. Para Petro, tocar el salario mínimo en este momento tendría un efecto contrario al que buscan quienes critican la inflación: reduciría la capacidad de compra de los hogares justo cuando los alimentos están más caros y cuando el campo necesita mayor demanda para recuperarse de las pérdidas provocadas por las lluvias. Las declaraciones del presidente no pasaron desapercibidas. Voceros de la oposición cuestionaron que el Gobierno utilice la crisis climática como argumento para defender su política salarial y para insistir en la emergencia económica. Algunos señalaron que el salario mínimo elevado no beneficia a quienes están en la informalidad y que el verdadero problema está en la falta de ejecución y en los escándalos de corrupción. Desde sectores políticos y económicos también se advirtió que el empleo formal podría verse afectado por los costos laborales y que el debate no puede reducirse solo al comportamiento de los alimentos.