El presidente Gustavo Petro oficializó la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica en Córdoba y otros siete departamentos del norte de Colombia, tras el colapso que dejaron las lluvias, desbordamientos de ríos e inundaciones masivas que golpearon a decenas de municipios y pusieron en jaque la infraestructura, la producción agrícola y la vida de miles de personas. La decisión quedó consignada en el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, con una vigencia inicial de 30 días, durante los cuales el Gobierno podrá expedir normas con fuerza de ley para movilizar recursos, modificar presupuestos y acelerar la respuesta estatal frente a una emergencia que ya es considerada una de las más graves de los últimos años en el Caribe y el noroccidente del país. La medida se tomó después de que dos frentes fríos ingresaran de forma inusual al Caribe colombiano, provocando lluvias intensas y persistentes en un periodo que normalmente es seco. En Córdoba, los ríos y caños se salieron de su cauce, anegando barrios completos, fincas productivas y corredores viales clave para el abastecimiento de la región. Durante un consejo de ministros realizado en territorio cordobés, el Gobierno recibió informes técnicos que alertaban sobre la magnitud del daño y el riesgo de que las inundaciones siguieran expandiéndose hacia zonas urbanas y rurales, lo que llevó a activar el mecanismo constitucional de emergencia. Además de Córdoba, el decreto cobija a: Estas regiones concentran gran parte de los municipios afectados por crecientes súbitas, derrumbes, colapsos de acueductos y daños estructurales en viviendas, colegios, hospitales y vías. Según los reportes consolidados de los organismos de gestión del riesgo, la temporada de lluvias deja hasta ahora: Las inundaciones también arrasaron cultivos, mataron ganado y dejaron incomunicadas a comunidades enteras, lo que agrava la situación social y económica de los territorios. Con el estado de emergencia vigente, el Ejecutivo queda habilitado para: Todo lo que se expida bajo este marco debe estar orientado exclusivamente a contener la crisis, evitar que se agrave y permitir la recuperación de las zonas golpeadas por el agua. El decreto abre la puerta para que el Gobierno adopte medidas tributarias de carácter transitorio, tanto directas como indirectas, con el fin de financiar la atención, reconstrucción y rehabilitación de los territorios afectados. Estas cargas, de ser creadas, tendrían vigencia limitada y solo podrían destinarse a cubrir los costos de la emergencia climática, sin convertirse en impuestos permanentes. A diferencia de la emergencia nacional decretada meses atrás por temas presupuestales, esta nueva declaratoria se sustenta en un hecho climático inesperado y verificable: lluvias extraordinarias que provocaron desastres naturales, desplazamientos y colapsos en servicios básicos. El propio decreto señala que varios municipios ya habían declarado desastre natural y que embalses estratégicos del país se encuentran cerca de su límite, lo que hace prever que las afectaciones podrían aumentar si no se actúa con rapidez. Una vez finalice el periodo de vigencia, el Gobierno deberá convocar al Congreso de la República para rendir cuentas sobre todas las decisiones adoptadas bajo las facultades extraordinarias, en cumplimiento de la Constitución. Ese control político permitirá revisar qué recursos se movieron, qué decretos se expidieron y cómo se ejecutaron las medidas para atender a las comunidades afectadas por las lluvias en Córdoba y el resto del norte del país.