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Una nueva controversia vuelve a poner bajo la lupa a Juliana Guerrero, exfuncionaria postulada para un alto cargo público y vinculada a la Fundación de Educación Superior San José. La situación genera interrogantes sobre pagos realizados después de su presunta graduación, un detalle que despertó dudas tanto en el ámbito político como académico.
En medio de un clima de cuestionamientos institucionales, comenzaron a circular documentos que no encajan con el recorrido habitual de un proceso universitario. Las fechas, los montos y los conceptos registrados abren interrogantes que aún no tienen una explicación oficial concluyente.
El caso tomó mayor visibilidad luego de que una congresista hiciera públicas pruebas que, según su interpretación, evidenciarían irregularidades administrativas y académicas. Por ahora, el tema avanza entre investigaciones preliminares, pronunciamientos políticos y pedidos de intervención estatal.
Denuncia contra Juliana Guerrero y pagos posteriores a la graduación
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza fue quien expuso públicamente los nuevos elementos del caso. A través de sus redes sociales difundió facturas electrónicas emitidas por la Dian, en las que figuran pagos realizados por Juliana Guerrero con posterioridad a la fecha en la que habría obtenido sus títulos.
De acuerdo con la información divulgada, los pagos se efectuaron entre el 28 y el 29 de julio de 2025, mientras que los diplomas consignan como fecha de grado el 1 de julio del mismo año. Los conceptos incluyen derechos de grado y matrículas correspondientes a programas que, en teoría, ya estaban finalizados.
Fundación San José, títulos anulados y avance de las investigaciones
Este episodio se suma a antecedentes previos que ya habían afectado la situación académica de Guerrero. La Fundación San José anuló sus títulos luego de que el Icfes confirmara que no presentó las pruebas Saber Pro ni Saber TyT, requisitos obligatorios para la obtención del título profesional en Colombia.
En paralelo, la Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar por presuntos delitos de falsedad en documento público y fraude procesal. Además, desde el Congreso se solicitaron acciones al Ministerio de Educación y a la Procuraduría, ante lo que se considera una posible falla en los mecanismos de inspección y control.
Mientras las autoridades evalúan los próximos pasos, el caso de Juliana Guerrero sigue generando repercusiones políticas y académicas. Las investigaciones continúan abiertas, y su desenlace podría tener consecuencias tanto individuales como institucionales.