La Corte Suprema de Justicia emitió una decisión que podría cambiar múltiples disputas relacionadas con el arrendamiento rural en Colombia. El alto tribunal determinó que los contratos de alquiler comienzan desde el momento en que las partes llegan a un acuerdo sobre el inmueble y el valor del arriendo, incluso si la propiedad nunca fue entregada. La decisión surgió tras estudiar el caso de un agricultor que alquiló tres terrenos para sembrar arroz. Los propietarios le aseguraron que los predios tendrían acceso a un distrito de riego que estaba próximo a finalizarse. Sin embargo, las tierras jamás contaron con suministro de agua, situación que impidió el desarrollo de los cultivos y desencadenó el conflicto judicial. Durante el proceso, el campesino pidió que los arrendadores le reintegraran los pagos realizados debido a que nunca pudo usar los terrenos. En primera y segunda instancia, la justicia negó sus pretensiones al considerar que no existía un contrato porque los inmuebles no habían sido entregados materialmente. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural corrigió esa interpretación en la sentencia SC194-2023. Según explicó la Corte, la entrega del predio no determina el nacimiento del contrato, sino que corresponde a una obligación derivada del mismo. “Uno es el momento en que es fuente de obligaciones -para lo cual basta consentimiento, y otro en el que el arrendador cumple su obligación nuclear-entregar la cosa arrendada”, señaló el tribunal. La Corte también recordó que los contratos sobre predios rurales tienen un tratamiento especial en la legislación colombiana debido a la necesidad de proteger a la población campesina. Por esa razón, indicó que este tipo de acuerdos no requiere formalidades complejas y puede perfeccionarse únicamente con el consentimiento entre las partes sobre el bien y el precio. El tribunal advirtió que imponer mayores requisitos para formalizar un arriendo rural podría dificultar el acceso a la tierra y afectar la movilidad de los trabajadores agrarios. Además, reiteró que los jueces deben aplicar principios del derecho agrario en conflictos relacionados con la explotación y tenencia del campo, especialmente cuando se trate de garantizar los derechos y la subsistencia de los campesinos.