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En un giro drástico hacia el endurecimiento de las políticas migratorias, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó dos nuevas leyes en febrero de 2025 que refuerzan el control sobre la inmigración ilegal en el estado.
Las leyes SB 2-C y SB 4-C, basadas en la anterior SB 1718, introducen una serie de sanciones severas para los inmigrantes no autorizados, alineándose con las políticas restrictivas de la administración de Donald Trump.
Nuevas sanciones para los inmigrantes indocumentados en Florida
La SB 4-C, una de las leyes más estrictas, califica el ingreso ilegal a Florida como un delito menor de primer grado, imponiendo una pena mínima obligatoria de nueve meses de prisión.
En caso de reincidencia, las penas aumentan a un delito grave de tercer grado, con sanciones que van de uno a dos años de prisión.
La ley también establece que los extranjeros no autorizados condenados por delitos graves, como asesinato o abuso infantil, puedan enfrentar la pena de muerte. Además, las autoridades locales deben notificar al gobierno federal sobre cualquier arresto por entrada ilegal o reingreso ilegal.
Por otro lado, la ley SB 2-C complementa la SB 4-C y refuerza las estructuras para garantizar la aplicación de las leyes migratorias. Entre las disposiciones clave de esta legislación se destacan:
Calificación del voto en elecciones como un delito grave de tercer grado para personas no estadounidenses.
Restricción en la emisión de licencias de conducir y tarjetas de identificación a inmigrantes indocumentados. Las licencias emitidas en otros estados serán consideradas inválidas.
Creación de la Junta Estatal de Control de Inmigración y un Programa de Subvenciones para la Aplicación de la Ley Local, con el fin de supervisar y financiar la implementación de estas leyes.
Endurecimiento de las penas por delitos cometidos por indocumentados y la creación de una presunción de riesgo de fuga para estas personas.
DeSantis refuerza la colaboración con fuerzas federales
En línea con estas nuevas leyes, DeSantis también firmó un acuerdo histórico en febrero que amplía la colaboración del estado con las fuerzas del orden federales, bajo el programa 287(g) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Este acuerdo permite que las fuerzas policiales de Florida, como la Patrulla de Carreteras y el Departamento de Seguridad Vial, reciban capacitación por parte del ICE para colaborar en las deportaciones masivas que ya se están llevando a cabo en el estado.
DeSantis celebró el acuerdo en su cuenta de X, afirmando que este paquete de leyes convierte a Florida en el estado más fuerte del país en términos de aplicación de leyes migratorias. Además, destacó la importancia de estas políticas para restablecer el Estado de Derecho y proteger a las comunidades.
Atención, inmigrantes: ¿Cuáles son las consecuencias para los indocumentados?
Estas medidas han generado controversia entre los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes critican las políticas como un intento de criminalizar a los inmigrantes indocumentados, muchos de los cuales ya están establecidos en el estado.
Mientras tanto, los críticos argumentan que estas leyes podrían profundizar la desconfianza entre las comunidades inmigrantes y las autoridades, afectando especialmente a los latinos, que constituyen una parte significativa de la población de Florida.
