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La Ley 820 de 2003, que define las normas para los contratos de arrendamiento de vivienda urbana en Colombia, incluye disposiciones orientadas a impedir desalojos inmediatos y a asegurar estabilidad al inquilino dentro del marco jurídico. Estas medidas rigen tanto para el plazo inicial del contrato como para sus prórrogas, siempre que se cumplan las condiciones acordadas entre las partes.

El propósito principal de esta normativa es preservar un equilibrio entre los derechos y obligaciones de arrendadores e inquilinos. Para ello, establece procedimientos y plazos definidos que permiten gestionar eventuales desacuerdos de manera organizada, reduciendo conflictos y favoreciendo soluciones ajustadas a la ley.

En ese mismo sentido, la normativa también impulsa el compromiso de arrendadores e inquilinos para respetar las obligaciones asumidas al momento de firmar el contrato de arrendamiento, reforzando la seguridad jurídica para ambas partes.

Ley de Alquileres: por qué los inquilinos pueden quedarse hasta dos años o más

Si bien muchos contratos de alquiler se pactan por un plazo inicial de doce meses, la legislación vigente permite que la renovación se produzca de manera automática si ninguna de las partes manifiesta su intención de terminarlo en los tiempos establecidos. Esta dinámica puede extender la permanencia del inquilino por dos, tres o incluso más años consecutivos, sin necesidad de firmar un nuevo acuerdo.

Este mecanismo ofrece mayor previsibilidad y estabilidad habitacional para quienes alquilan, especialmente en contextos donde mudarse supone enfrentar costos elevados, requisitos adicionales y trámites complejos para acceder a una nueva vivienda.

Los mecanismos legales buscan equilibrar los derechos de arrendadores e inquilinos. (Fuente: Archivo)

Pago de deuda antes de la sentencia: qué tan viable es frenar el desalojo

Si hay mora, el arrendador puede demandar la restitución del inmueble. Sin embargo, la Ley 820 en su Art. 22 contempla que si el arrendatario paga la totalidad de la deuda antes de la sentencia, el juez terminaría el proceso y no dictaría la orden de restitución, lo cual podría cancelar el desalojo.

Para evitar situaciones legales y desalojos, se recomienda que las personas cumplan con los pagos correspondientes en tiempo y forma. Mantenerse al día con las obligaciones contractuales no solo previene conflictos con los propietarios, sino que también garantiza estabilidad y seguridad en la vivienda durante todo el periodo de alquiler.