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La posibilidad de mantener una doble nacionalidad en Estados Unidos volvió a quedar en discusión tras la presentación del Exclusive Citizenship Act of 2025, un proyecto impulsado por el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno.
La iniciativa busca que la ciudadanía estadounidense sea exclusiva y que quienes tengan otra nacionalidad deban renunciar a ella, o bien perderán automáticamente la estadounidense una vez venza el plazo previsto tras la aprobación de la ley.
La propuesta ha encendido alertas entre millones de migrantes latinoamericanos, incluidos colombianos que ya cuentan con la nacionalidad estadounidense o están en proceso de obtenerla.
En un contexto donde la doble nacionalidad facilita mantener vínculos familiares, laborales y patrimoniales en más de un país, la posibilidad de tener que elegir entre dos pasaportes abre un debate profundo sobre identidad, derechos y estabilidad migratoria.
Qué implicaría eliminar la doble ciudadanía en Estados Unidos
El proyecto establece que quienes tengan doble nacionalidad deberán entregar una renuncia formal de su ciudadanía extranjera dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor de la ley. Si no presentan ese documento, se considerará que renunciaron voluntariamente a la ciudadanía estadounidense.
Además, quienes busquen naturalizarse en el futuro deberán demostrar que ya no poseen una ciudadanía adicional para poder obtener el pasaporte de Estados Unidos.
Según el texto presentado en el Senado, la fecha efectiva dependerá del proceso legislativo. Sin embargo, al ser un proyecto introducido a finales de 2025, el calendario apunta a que cualquier cambio podría empezar a aplicarse desde 2026, siempre que el Congreso apruebe la iniciativa y cuente con la firma presidencial. Mientras tanto, la simple posibilidad de su aprobación ya genera incertidumbre en comunidades migrantes.
¿Qué cambiaría para quienes hoy tienen doble nacionalidad?
Si la ley avanza, millones de personas tendrían que decidir si conservan su pasaporte estadounidense o mantienen el de su país de origen. Para colombianos naturalizados en Estados Unidos, esta decisión implica renunciar a derechos como votar en Colombia, heredar bienes sin limitaciones o mantener ciertos trámites familiares.
Al mismo tiempo, entregar la ciudadanía estadounidense supondría perder beneficios como el acceso a programas federales, la posibilidad de residir indefinidamente en el país y derechos civiles centrales.
El impacto también se vería en familias con miembros de distintas nacionalidades. Menores nacidos en Estados Unidos con padres colombianos, por ejemplo, podrían quedar en una situación compleja si sus padres deben renunciar a un pasaporte. En casos de familias transnacionales que mantienen negocios, propiedades o responsabilidades en ambos países, elegir una sola nacionalidad modificaría de manera profunda su vida cotidiana.
Antecedentes que explican el debate sobre la doble ciudadanía en EE. UU.
La iniciativa contrasta con la práctica vigente en Estados Unidos durante las últimas décadas, donde la doble ciudadanía ha sido aceptada como un estado legal válido. Precedentes como el caso Vance v. Terrazas han determinado que la ciudadanía estadounidense no puede ser revocada sin un acto voluntario y explícito del ciudadano.
Esto podría suponer límites constitucionales para cualquier intento de aplicar pérdidas automáticas de ciudadanía, incluso si están incluidas en una nueva ley.
A escala global, el debate sobre la doble nacionalidad también está en evolución. Algunos países han flexibilizado sus normas en las últimas décadas, reconociendo que la movilidad internacional y los vínculos familiares trascienden fronteras. Otros, en cambio, han optado por modelos más restrictivos. Si Estados Unidos adoptara una posición más rígida, podría generar tensiones con países que permiten la coexistencia de múltiples ciudadanías y afectar acuerdos bilaterales o consulares.
Además, la ausencia de datos oficiales sobre cuántos ciudadanos tienen doble nacionalidad complica la implementación de una medida de esta magnitud. Organizaciones de migrantes ya advierten del posible impacto y señalan que el debate se intensificará en los próximos meses, a medida que la propuesta avance o sea discutida en comités legislativos.
