El Gobierno de Gustavo Petro dejó listo el diseño de un impuesto al patrimonio dirigido a cerca de 15.000 empresas como eje central de una eventual nueva emergencia económica, con la que busca financiar la atención de miles de familias damnificadas por la actual ola invernal. La propuesta fue presentada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante el consejo de ministros realizado en Córdoba, una de las regiones más golpeadas por las lluvias y desbordamientos. La estrategia del Ejecutivo apunta a recaudar alrededor de $8 billones, recursos que se destinarían a la reconstrucción de infraestructura, atención humanitaria y recuperación productiva en los municipios afectados por las inundaciones y deslizamientos que se han multiplicado en las últimas semanas. La Casa de Nariño quedó contra el reloj tras la suspensión provisional de la emergencia económica anterior, una decisión de la Corte Constitucional que obligó al Gobierno a replantear todo su paquete de medidas. Sin embargo, el deterioro acelerado de la situación climática abrió la puerta para una nueva declaratoria, esta vez basada en hechos que no estaban contemplados cuando se adoptaron las primeras decisiones. Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se ha advertido que el país atraviesa un escenario crítico, con cientos de eventos asociados a lluvias extremas, desbordamientos y daños en vías, acueductos y viviendas. El Ejecutivo sostiene que este panorama sí cumple con el criterio de imprevisibilidad exigido por la Constitución para activar poderes excepcionales. La apuesta del Ministerio de Hacienda es un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, es decir, para empresas con grandes volúmenes de activos. A diferencia del esquema vigente en Colombia, que hoy solo aplica a personas naturales, el nuevo tributo se enfocaría exclusivamente en compañías con patrimonios elevados. El umbral de entrada estaría en 200.000 UVT, una cifra que en plata blanca ronda los $10.000 millones, lo que deja por fuera a la inmensa mayoría de pequeñas y medianas empresas. El diseño es progresivo y busca que quienes más tienen aporten más en un momento de emergencia nacional. Según los cálculos del Gobierno, el gravamen impactaría a unas 15.000 empresas que concentran los patrimonios más altos del país. La tarifa se estructuraría en dos niveles para el año 2026: El objetivo es que el esfuerzo recaiga en las grandes estructuras empresariales, sin tocar el tejido productivo de menor tamaño que sostiene buena parte del empleo en Colombia. Los dineros que se obtengan estarían dirigidos exclusivamente a mitigar los efectos de las inundaciones y deslizamientos, así como a poner en marcha planes de recuperación económica en las zonas más golpeadas. Córdoba, Cauca, Antioquia y Nariño figuran entre los departamentos con mayor número de damnificados, pero la afectación se extiende por buena parte del territorio nacional. La idea del Ejecutivo es que los recursos se conviertan en obras, subsidios y proyectos productivos que permitan a las comunidades volver a ponerse de pie tras el impacto de la ola invernal. Uno de los mayores retos para el Gobierno Petro es el filtro de la Corte Constitucional. Al haber suspendido la emergencia anterior, el alto tribunal dejó claro que no se pueden repetir medidas ya cuestionadas. Por eso, el nuevo paquete tendría que ser completamente distinto en su arquitectura legal. Desde Hacienda aseguran que el impuesto al patrimonio empresarial cumple ese requisito, pues no formaba parte del esquema anterior. Aun así, el debate jurídico será intenso, y el Ejecutivo confía en que la gravedad del escenario climático juegue a su favor.