La emergencia económica decretada por Gustavo Petro enfrenta uno de sus momentos más críticos en la Corte Constitucional, donde el magistrado Carlos Camargo Assís impulsa una postura que busca tumbar completamente la medida adoptada por el Gobierno a finales de 2025. El expediente, que será debatido en Sala Plena este 9 de abril, permanece estancado por múltiples recursos legales. Entre ellos, una solicitud de nulidad presentada por la Casa de Nariño tras la suspensión provisional del Decreto 1390 de 2025. Desde el Ejecutivo, Augusto Ocampo, secretario jurídico de la Presidencia, intenta revertir la decisión argumentando que se deben “preservar la integridad de la Constitución”, mientras señala posibles irregularidades en el trámite judicial. La Corte suspendió la medida el 29 de enero con seis votos a favor y dos en contra, al considerar, en un análisis inicial, que el decreto no se ajustaría a la Constitución. Este criterio, según la Sala, se adoptó prima facie, es decir, con base en una evaluación preliminar. Camargo ahora busca que la decisión vaya más allá y se declare la inconstitucionalidad total. Sin embargo, el Gobierno insiste en que la suspensión “desconoció la cosa juzgada” y “vulneró el principio de legalidad”, citando precedentes de 1994 que considera vinculantes. El proceso se ha visto atravesado por múltiples solicitudes. Desde febrero, entidades como Dejusticia y el propio Gobierno han radicado recursos que obligan a la Corte a revisar el caso con mayor detenimiento. En medio de este escenario, el magistrado Camargo incluso presentó un impedimento para analizar una de las nulidades, afirmando: “Manifiesto mi impedimento para conocer del trámite y decidir la nulidad propuesta por Dejusticia contra el Auto 082 de 29 de enero de 2026”. La Sala, sin embargo, rechazó esta solicitud. Mientras se define el futuro jurídico de la medida, el sistema de salud emerge como un elemento clave. La Procuraduría y la Defensoría coinciden en que, aunque la emergencia podría ser inconstitucional, sus efectos son necesarios para garantizar recursos. El procurador Gregorio Eljach calificó como “urgente y necesario” que el Estado asegure el funcionamiento del sistema, especialmente en lo relacionado con la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que en 2026 proyecta superar los $101 billones. Las cifras reflejan la presión fiscal: la siniestralidad de las EPS alcanza el 109,5%, generando un déficit cercano a $5,95 billones. A pesar de intervenciones estatales, las autoridades advierten que “las graves falencias persisten”, lo que mantiene el debate abierto sobre el alcance y la necesidad de la emergencia.