La sanción de la Ley 27.799 de “Inocencia Fiscal” introdujo cambios relevantes en el régimen penal tributario argentino con efectos en el ámbito judicial y en la relación entre el fisco y los contribuyentes. La norma redefine los criterios para la persecución penal en materia tributaria, actualiza los montos de los delitos fiscales y establece nuevos mecanismos para simplificar la declaración jurada y promover el cumplimiento voluntario. El nuevo marco también impacta en la forma en que la autoridad fiscal aplica sanciones administrativas y fiscaliza las obligaciones tributarias. Aunque algunas conductas dejan de ser delito penal, los contribuyentes igualmente pueden enfrentar multas o sanciones si incumplen con sus obligaciones fiscales. En el ámbito de la justicia penal económico, el impacto de la ley es contundente. La normativa actualizó los montos mínimos que configuran un delito tributario; el umbral de la evasión simple, por ejemplo, se elevó de $1.500.000 a $100.000.000. Esta modificación provocó que múltiples conductas del pasado dejen de ser consideradas delitos, lo que motiva el cierre de causas judiciales por la aplicación retroactiva del principio de la “ley penal más benigna”. Lejos de oponerse, ARCA emitió la Instrucción General N° 1/2026 para que este principio se aplique de forma universal en cualquier instancia de las denuncias. Esta medida brinda certeza al contribuyente y genera un ahorro concreto para el Estado, que dejará de invertir recursos en perseguir conductas que perdieron significancia penal. Curiosamente, un análisis histórico revela una paradoja financiera: si bien los montos aumentaron nominalmente en pesos en un 100.000% respecto a normativas anteriores, su conversión a dólares al momento de sanción demuestra que el valor real de punibilidad es actualmente menor en moneda dura (pasando de USD 100.000 en 1997 a USD 68.634 con la nueva ley). Nicole Amado, Gerente de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte, y Cynthia Calligaro, Socia de Impuestos y Servicios Legales - Líder de Tax Controversy de la misma consultora, señalan que este fenómeno se vincula con la aplicación del principio de la ley penal más benigna que permite aplicar retroactivamente la norma más favorable al imputado. Esta doctrina ya fue reconocida por la Corte Suprema en fallos como “Cristalux”, “Palero” y “Vidal”. Tras la entrada en vigor de la nueva ley, tribunales del fuero penal económico comenzaron a revisar causas abiertas por delitos tributarios. Según las especialistas de Deloitte, el incremento de los montos de punibilidad implica que determinadas conductas que antes eran consideradas delito hoy ya no lo son, por lo que dejan de ser susceptibles de reproche penal. En ese contexto, los jueces están aplicando el principio de la ley penal más benigna para archivar o cerrar procesos en curso. A su vez, la autoridad fiscal emitió la Instrucción General 1/2026, mediante la cual instruyó a aplicar este principio de forma universal en cualquier instancia del proceso en que se encuentre la denuncia penal. La medida apunta a evitar la continuidad de procesos por conductas que el propio legislador decidió excluir del ámbito penal. La eliminación del reproche penal no implica necesariamente la ausencia de consecuencias para el contribuyente. Aunque una conducta ya no configure un delito tributario, la autoridad fiscal puede analizar el caso desde el punto de vista administrativo. En ese marco, el organismo evaluará si existió dolo o incumplimiento y aplicará las sanciones previstas en la Ley de Procedimiento Tributario. Esto significa que un contribuyente podría quedar liberado de responsabilidad penal, pero igualmente enfrentar multas, recargos o ajustes fiscales. En otras palabras, la reforma reduce la intervención del derecho penal en materia tributaria, pero mantiene vigente el sistema de sanciones administrativas. A pesar de la desincriminación judicial, los especialistas advierten que la extinción de la vía penal no significa impunidad absoluta. “Es importante destacar que aun cuando la conducta no sea merecedora de reproche penal, ello no significa que quede libre de sanción administrativa, sino sólo de condena penal”, explicaron las expertas de Deloitte. Aquellos sujetos cuyas causas penales sean archivadas por la actualización de montos, igualmente deberán enfrentar a ARCA en la instancia administrativa. El organismo fiscal mantiene la obligación de analizar si existió dolo (intención de evadir) y de aplicar las multas correspondientes según la Ley N° 11.683 de Procedimiento Fiscal. Cabe destacar que estas sanciones económicas también sufrieron fuertes aumentos: la multa automática por omitir la presentación de una declaración jurada pasó de $200 a $220.000 para personas humanas. No obstante, la nueva ley instruye a ARCA a adoptar una postura menos rígida, obligándola a enviar recordatorios entre 10 y 15 días hábiles antes de intimar, y a evaluar los días de demora para distinguir entre incumplimientos frecuentes y ocasionales antes de aplicar el rigor de la multa. Uno de los mecanismos más novedosos de la ley es el denominado “tapón fiscal”. Se trata de una presunción de exactitud sobre las declaraciones juradas aceptadas por el organismo recaudador. En la práctica, significa que el impuesto correspondiente a un período fiscal se considera cancelado y no puede ser reabierto posteriormente, salvo que exista una discrepancia significativa. La norma define como discrepancia significativa una diferencia mayor al 15% entre lo declarado y lo determinado por el fisco o una diferencia superior a $100 millones. Este mecanismo busca brindar mayor previsibilidad al sistema tributario y reducir conflictos administrativos y judiciales.