Este tributarista opina que, en materia de impuestos, la Argentina siempre puede estar peor

Iván Sasovsky nació hace 36 años en Las Breñas, Chaco. Su formación académica de contador público comenzó en Corrientes, prosiguió en Buenos Aires y se completó con un posgrado en tributación en Santiago de Compostela (España). Tras su experiencia en consultoría con Sasovsky & Asociados, creó Expansión, una firma de servicios profesionales con sedes en Buenos Aires, Montevideo y Madrid, que define como "disruptiva", por su modelo de cobro por resultados y no por hora de trabajo.

En diálogo con APERTURA, Sasovsky considera que las complejidades del sistema tributario argentino han hecho cada vez más necesario el rol del tributarista para acompañar a las empresas.

"La superposición de tributos y de información hace que el título de grado de contador público quede corto a la hora del asesoramiento", opina. Y afirma que, en materia de política nacional, "no hay oposición tributaria", en relación con la puerta que abrió el Congreso en diciembre para que haya incrementos de la carga impositiva en las distintas jurisdicciones del país.

¿El Consenso fiscal que firmó el Gobierno nacional con las provincias y que las habilita a crear nuevos impuestos o a aumentar las alícuotas de los existentes hace más complejo al sistema tributario?

Sí, tiende a complejizarlo. En la Argentina no existe el concepto de "esto ya no puede ser peor". En materia fiscal, parecía que ya habíamos tocado fondo, pero en el país siempre puede ser peor. Esta situación no tiene que ver con cuestiones ideológicas o partidarias, porque todo el arco político terminó permitiendo que se aprobara el Consenso Fiscal, acá no hay oposición en materia tributaria. Es visible que la decadencia de la economía argentina y el pie del Estado sobre el sector privado en momentos de crisis deja sin defensas para afrontar situaciones complejas, como las que vivimos cuando se suspendieron actividades por la pandemia. Personalmente, creía que lo vivido por el Covid-19 sería una prueba de que el Estado debía retrotraerse en su tamaño a valores más razonables. No estoy planteando la desaparición del Estado, ni mucho menos, simplemente una reducción a niveles que eviten esta presión sobre el sector privado. Además, en ningún caso las provincias hablan del gasto fiscal y la verdad es que lo que generan es un efecto repelente de la inversión privada. No hablo de la inversión privada externa, estoy hablando de la de los propios argentinos.

El sector privado está soportando cada vez más peso y se le hace más difícil mantenerse en la formalidad, porque el propio sistema expulsa. Hay que analizar la presión fiscal de la Argentina en términos reales: por ejemplo, a una persona trabajadora que está 100 por ciento en blanco, que es empleada en relación de dependencia, todos los meses se le retiene Impuesto a las Ganancias; además, paga Ingresos Brutos y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con cada producto o servicio que consume, y otros gravámenes, como los de la propiedad, en caso de tenerla. Para esas personas, no existe margen para la informalidad. No hay nada más triste que tener un cliente que diga que no puede pagar a fin de mes a sus empleados, que suspenderá personal o que se va a ir del país, y la verdad es que es producto de una mala praxis de los políticos. Cada uno de nuestros diputados y senadores sabe lo que está haciendo, pero ningún espacio político habla de la reducción del gasto, y cada uno de ellos tiene algún tipo de interés propio. A mí me sorprende que el resultado electoral no se haya manifestado en las leyes de presupuesto; la gente en las elecciones dijo "basta" y los diputados y senadores no entendieron.

¿Qué cambio debería tener el sistema tributario?

Yo creo que lo primero que hay que hacer es poner un tope a la generación de gasto superfluo y evitable en las distintas jurisdicciones del país. Pero esto tiene que ser una decisión de política de Estado, es decir, que trascienda a este gobierno. De todas formas, hay que aclarar que una medida de ese tipo puede ayudar a aliviar la presión sobre el sector privado formal, pero no sobre el sector privado total. Aun así, ese freno ya sería un llamado de atención para las inversiones. La economía argentina hoy tiene un tipo de cambio muy competitivo para atraerlas, así que hay que eliminar aquello que las frena.

El tope al gasto público debería hacerse en un contexto similar al de la aplicación de nuevos impuestos: con un compromiso que conlleve algún tipo de sanción por su incumplimiento. Y ese compromiso tiene que ser totalmente ejecutable, no una promesa que quede en letra muerta, como lo fue la baja en Bienes Personales, cuando se aprobó el blanqueo en épocas de la presidencia de Mauricio Macri. Recordemos que fue el mismo gobierno el que terminó rompiendo ese compromiso. Las leyes existen para generar previsibilidad y seguridad. En la Argentina muchas veces existe además una situación perversa de desprecio a la inversión privada; cuando lo cuento a colegas del resto del mundo me dicen que es algo que no tiene parangón. También es preciso eliminar de manera tajante aquellos impuestos que son de carácter distorsivo, y que a su vez son inflacionarios, como el impuesto al cheque, el impuesto sobre los ingresos brutos o las tasas municipales que no tienen una contraprestación en servicios a la comunidad. Obviamente, la baja de este tipo de impuestos distorsivos debería implicar el retiro automático de ese componente dentro del precio de los productos y servicios. Y por supuesto, si los diferentes estados hicieran esto, pero, al mismo tiempo, el gobierno nacional siguiera emitiendo sin respaldo, nada del esfuerzo tendría sentido.

Equidad y regímenes especiales

¿Qué opina sobre la aplicación de impuestos a las actividades digitales que antes no tributaban?

La aplicación de impuestos debe ser equitativa. Quien abre un negocio afronta el costo de un local, con todo lo que implica; pero, a su vez, en tiempos de pandemia, incluso para los emprendedores, la plataforma es otra. La realidad siempre supera a lo que está previsto. Obviamente, estas actividades tienen que ser incorporadas; porque, si no, no cierran las declaraciones juradas, que son la manifestación de la vida de una persona. No pueden quedar sectores afuera de la tributación.

¿Los regímenes de exenciones impositivas para alentar el crecimiento de sectores productivos también complican la estructura tributaria y hacen necesaria la especialización?

Las exenciones impositivas son algo atípico dentro del mundo de los impuestos. Es una decisión que toma el legislador, generalmente con un motivo extrafiscal, no recaudatorio. Justificado, en muchos casos, por ejemplo en el del régimen de promoción de la industria en Tierra del Fuego, que funcionó muy bien. Pero eso mismo está en otras provincias y no fue aprovechado de la forma correcta. Cuando uno va a exenciones subjetivas, que alientan el bien común, como las de las organizaciones sin fines de lucro, funcionan para algunos impuestos, pero no para los más distorsivos. Después están las exenciones por actividad, o de tipo objetiva, que yo creo que tienen una aplicación real, concreta. En la Argentina debe haber un acuerdo sobre las actividades que generen mayor valor agregado. Pero no llenemos a esas promociones de burocracia; por ejemplo, a la ley de Economía del Conocimiento tardaron más de un año y medio en reglamentarla y hoy no es de aplicación directa. Una exención puede ser una herramienta de fomento muy interesante, siempre y cuando sea de fácil implementación.

El texto original de esta nota se publicó en el número 337 de la revista Apertura