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La formación de conductores de camiones atraviesa uno de los momentos más tensos de los últimos años. En un país que ya lidia con falta de personal, jornadas extenuantes y rutas cada vez más demandantes, miles de estudiantes que buscan obtener una licencia comercial podrían quedarse sin centro de entrenamiento debido a una serie de medidas federales que impactan de lleno en el sector.
Según nuevas evaluaciones del Departamento de Transporte, cerca del 44% de los programas de capacitación registrados no cumplen los estándares exigidos, lo que pone en riesgo su continuidad y abre un escenario de fuerte incertidumbre para docentes, aspirantes y empleadores.
Una industria con escasez de personal y centros en riesgo
La revisión oficial detectó que miles de programas no cumplen los requisitos mínimos para seguir operando dentro del Registro de Proveedores de Capacitación.
La exclusión del listado implica un golpe directo: las escuelas que pierden su certificación ya no podrán emitir los certificados obligatorios para obtener una CDL, documento esencial para trabajar de manera legal como conductor comercial.
Además de las expulsiones, otros miles de centros recibieron avisos de incumplimiento y disponen de apenas 30 días para demostrar que cumplen los estándares federales.
Trump eliminó la licencia de estos conductores por no cumplir los mínimos requisitos
Bajo la dirección actual, el Gobierno decidió profundizar los controles sobre la formación de camioneros en todo el país. De acuerdo con datos del Departamento de Transporte, alrededor de 3,000 centros fueron eliminados del registro oficial, y otros 4,000 están bajo revisión inmediata.
El argumento central es reforzar la seguridad y evitar que conductores con entrenamiento insuficiente accedan a la licencia de conducir y operen semirremolques, autobuses escolares o camiones de carga pesada. Autoridades como el secretario de Transporte, Sean Duffy, y el administrador de la FMCSA, Derek Barrs, sostienen que la depuración es necesaria para unificar estándares y cortar con prácticas irregulares como falsificación de datos, entrenamientos incompletos y registros imprecisos.
Miles de aspirantes quedan en pausa
Para quienes estaban a punto de iniciar o finalizar su formación, la situación es especialmente crítica. El cierre de programas implica retrasos, costos adicionales y, en algunos casos, la búsqueda de nuevas escuelas autorizadas para poder completar la capacitación obligatoria.
Empresas de transporte, por su parte, advierten que la medida podría profundizar la escasez de conductores, un problema que ya afecta a cadenas de suministro y plazos de entrega en todo el país.