En Texas, la nueva Ley SB 38 ya está vigente y cambia por completo el proceso de desalojos en el estado. Con esta norma, los propietarios pueden recuperar sus propiedades de forma más rápida, y los inquilinos enfrentan plazos judiciales más estrictos que reducen el tiempo para responder o impugnar un desalojo. La reforma legal se centra en agilizar los procedimientos judiciales y proteger los derechos de los propietarios, estableciendo nuevos requisitos para notificaciones y plazos de desalojo. La ley, aprobada en junio de 2025 y vigente desde comienzos de 2026, modifica las reglas que regían anteriormente bajo el Código de Propiedad de Texas. La Ley SB 38 permite que los propietarios inicien desalojos de manera más rápida y, en ciertos casos, sin el aviso previo que antes era obligatorio. La normativa unifica y acelera los procedimientos judiciales para recuperar la posesión de una propiedad cuando un inquilino incumple el contrato de arrendamiento o carece de uno válido. Además, la ley que entró en vigencia el 1 de enero estipula plazos más cortos para que los inquilinos respondan ante la corte y reduce las oportunidades de suspender el desalojo. Esto significa que la justicia puede ordenar la desocupación inmediata de la vivienda en menos tiempo que antes, simplificando el proceso para los propietarios. Con la aplicación de la legislación, los inquilinos tienen menos tiempo para recibir notificaciones, organizar su defensa o buscar asistencia legal. Las familias pueden verse obligadas a abandonar la vivienda con plazos muy reducidos, lo que incrementa la vulnerabilidad de quienes dependen de estos alquileres para vivir. La norma afecta especialmente a quienes no tienen contratos formales o enfrentan dificultades económicas, ya que la aceleración del proceso limita su capacidad de negociar con el propietario o acceder a recursos legales. Por eso, defensores de los derechos de los inquilinos consideran que la ley genera un desequilibrio significativo entre propietarios e inquilinos.