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Los Estados Unidos siguen una regulación sobre las cuentas bancarias muy estricta. Cada año, los contribuyentes deben cumplir con varios trámites para informar sobre su actividad económica y el movimiento de sus activos financieros.
En este sentido, todos los ciudadanos que no cumplan con las normas vigentes corren el riesgo de tener que afrontar severas consecuencias que van desde la intervención de cuentas bancarias hasta el embargo de bienes.
El Gobierno embargará propiedades y congela cuentas bancarias de extranjeros
Si bien todos los ciudadanos deben cumplir con sus obligaciones fiscales, el gobierno de los Estados Unidos pone especial énfasis en los extranjeros que residen en el país. En este sentido, el programa "Regreso a casa" del presidente Donald Trump tiene como objetivod confiscar cuentas bancarias, vehículos y propiedades de personas en situación de inmigración ilegal. Esta medida busca desincentivar la permanencia ilegal en el país y reducir los recursos disponibles para aquellos que han ingresado sin autorización.
Este mecanismo se inscribe dentro de las políticas de tolerancia cero implementadas por la Administración Trump. Si bien la confiscación de bienes a criminales no es una práctica inédita en Estados Unidos, su aplicación generalizada a inmigrantes en función de su estatus migratorio requeriría nuevas leyes o reinterpretaciones del derecho civil y penal.
¿El Gobierno puede confiscar inmuebles y cuentas bancarias sin orden judicial?
La Corte Suprema determina que todas las personas que se encuentren en el territorio estadounidense, sin importar su estatus migratorio, están protegidas por la Cuarta Enmienda. La misma prohíbe registros e incautaciones "irrazonables" sin orden judicial o causa probable.
Permanecer en una situación migratoria irregular no es un delito penal en los Estados Unidos, sino una infracción civil. Por lo tanto, la confiscación de bienes únicamente por esta razón, sin ninguna conducta delictiva asociada, no es legal bajo la Constitución ni bajo el debido proceso.
Por este motivo, todo indica que, si el gobierno de Donald Trump intenta avanzar en esta dirección, podría abrirse una dura batalla en los tribunales de justicia.